Los legisladores que impulsan el juicio político a la exministra de Energía Andrea Arrobo se hallan recopilando documentación y testimonios de prueba para la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que posiblemente lo conocería y trataría para fines de este año ya que hay otros en cola.

El pedido de interpelación realizado por Jaime Moreno y Ana Galarza, de las filas del movimiento Construye, y Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC), fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el pasado 8 de mayo.

La causal del juicio político es “incumplimiento de funciones”, explicó Moreno a EL UNIVERSO. Y bajo ese paraguas describe las “inacciones” de Arrobo, quien fue ‘despedida’ por el presidente Daniel Noboa el 16 de abril anterior en medio de una crisis energética que derivó en apagones de al menos ocho horas diarias durante casi un mes.

Publicidad

Según Moreno, Arrobo fue informada por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) de la situación crítica que vivía el sistema de provisión de energía eléctrica. El 20 de marzo del 2024, el Cenace le advirtió que el Sistema Nacional Interconectado estaba operando en los límites de “inestabilidad” y que por ello “se encuentra expuesto permanentemente a desconexiones”. “Y no tomó ninguna acción al respecto”.

$ 40 millones destinará el Estado para financiar la reducción del 50 % de las planillas eléctricas

A esto se sumó, a criterio del legislador, “el mal manejo del complejo hidroeléctrico Paute, compuesto por Mazar, Amaluza y Sopladora. “El caudal de los ríos llega a Mazar. Hicimos un análisis de la cantidad de agua que ingresa a la presa Mazar y durante los meses de febrero, marzo, abril era constante, no era mucho pero era constante de alrededor de 70 metros por segundo; esto quiere decir que no hubo caída en el caudal, sin embargo, la cota de las presas iba disminuyendo. Por falta de generación termoeléctrica en otras plantas, la hidroeléctrica tenía que funcionar a todo su nivel para lograr compensar la electricidad que requería el país y los embalses comenzaron a bajar hasta que llegó un momento que no pudo operar más... Tenían que racionar el agua de Paute y trabajar con la energía termoeléctrica”.

Indicó que no se ha cumplido el Plan Maestro de Energía, el cual señala cuánto se debe generar de energía termoeléctrica e hidroeléctrica. “Ellos se fueron por lo más fácil, dejaron vaciar las presas y no les llovió”, opinó.

Publicidad

Por la crisis energética, los asambleístas de Construye, Jaime Moreno y Ana Galarza, oficializaron el 24 de abril pasado un pedido de juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo. Foto de Carlos Granja Foto: Carlos Granja Medranda

Moreno señala que Arrobo no realizó inversiones ni contrataciones en el sector. Por ejemplo, declaró desierto el concurso para la contratación de barcazas y no lanzó inmediatamente una nueva licitación. Tampoco se repotenció y reparó el parque termogenerador.

En un comunicado público, ella se justificó diciendo que el Ministerio de Economía y Finanzas no le daba paso a las partidas presupuestarias para concretar los proyectos.

Publicidad

Pero el sector eléctrico fue declarado en emergencia por el ministro anterior, Fernando Santos, y ella, en ese marco, tenía la potestad de invertir...”, señaló Moreno, quien agregó que si ella sentía que no tenía apoyo, debió dar un paso al costado explicando lo que estaba ocurriendo y no esperar que la situación empeore.

El legislador de Construye no cree que la “inacción” de la exfuncionaria haya sido parte de un sabotaje al Gobierno, sino que fue “negligencia, ineptitud e inexperiencia”.

Presidente Daniel Noboa crea el Comité de Optimización Energética mediante decreto ejecutivo

Según Moreno, la situación energética es compleja porque no solo tiene que ver con la generación de energía, sino con la transmisión y distribución.

Lo que el Gobierno, consideró, tendría que hacer para solucionarla es aplicar la Ley de Eficiencia Energética, llamada No más apagones, que se aprobó en febrero pasado y en la que se da vía libre a las alianzas público-privadas en el sector energético, algo que no será inmediato, “pero ya hay que empezar”.

Publicidad

La Fiscalía también está investigando a la exministra y a otros funcionarios con base en una notitia criminis presentada por el Gobierno, a través de la secretaría de la Administración Pública. De momento no se conoce nada sobre el avance del caso. (I)