A la crisis energética atribuida a un probable sabotaje se suman alertas de presuntas irregularidades en contratos en la materia que habrían sido advertidas a la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo Peña.

La mañana de este 18 de abril de 2024, Diego Morales, exdirectivo de la Unidad de Negocio Celec-Sur, regional del Azuay, ingresó documentación al Ministerio de Energía y Minas para que se investigue la adjudicación de varios contratos a una sola empresa por un monto que bordea los $ 13 millones.

Según Morales, estos contratos estarían direccionados a una sola compañía para consultorías ambientales, técnicas y para medir los caudales de los embalses. Sus dudas aumentaron porque habría vinculaciones con personajes involucrados con el caso Caminosca.

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Él habría informado a la exministra Andrea Arrobo de estos hechos, por lo que fue cesado en funciones el 9 de enero de 2024, a pocos días de su designación.

El exfuncionario, que es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Azuay (Cieela), acusó de negligencia a la exministra porque se le había planteado un “escenario claro” respecto de que se debía recuperar el parque térmico y ejecutar el plan de eficiencia energética desde el primer día de funciones. Sin embargo, no se había hecho nada.

“Los niveles de agua en los embalses no fueron manejados técnicamente. La exministra Arrobo conocía cómo iba decreciendo el nivel de los embalses y no tomó acciones concretas y necesarias. Hubo negligencia, pues se conocía los pormenores, pero aparentemente no transmitía la información al presidente. La función de Arrobo fue nefasta. No se direccionaron los presupuestos para reducir el impacto de estos cortes que hoy tienen en la oscuridad al Ecuador”, lamentó Morales en declaraciones de prensa.

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El experto no descarta que en los próximos días los horarios de los cortes de energía vayan aumentado, es decir, de ocho horas a unas diez horas.

Pero espera que, con la declaratoria de emergencia, el Gobierno nacional pueda contratar energía térmica.

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La Presidencia de la República informó el miércoles último que las primeras investigaciones en el interior del Ministerio de Energía arrojaron datos de un intencional “ocultamiento de información” al suprimir y no hacer advertencias al Comité de Crisis Energética para que esta “grave situación no sea conocida para tomar decisiones oportunas. Es decir, los recortes de energía no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino a actos inauditos de corrupción y negligencia”, se detalla en un despacho oficial.

El régimen presentó —según la información oficial— una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de 22 “saboteadores”. (I)