La Coordinadora por el No de Guayas, que aglutina a varias organizaciones sociales y a las directivas provinciales de los partidos Unidad Popular, Pachakutik y Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), rechaza las preguntas D y E que, modificando la Constitución y otros cuerpos legales, plantean reconocer el arbitraje internacional para solucionar controversias y permitir el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.

Para este jueves 21 de marzo tienen previsto liderar una movilización en Guayaquil en contra de la consulta popular y referéndum que impulsa el gobierno del presidente Daniel Noboa. Aún no se dieron detalles de qué zonas recorrerá, pero se estima que sea en el centro de la urbe.

Se prevé que se realicen marchas simultáneas a nivel nacional y que mantengan a lo largo de estas semanas diferentes mesas para coordinar más acciones.

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“Vamos a llevar adelante la campaña a favor del no en las preguntas D y E, el resto nos parecen preguntas inoficiosas que no justifican el gasto de $ 60 millones y le decimos al gobierno de Noboa que si piensa que va a salirse con la suya, castigando al pueblo ecuatoriano con el aumento del IVA, el pueblo lo va a castigar con estas dos preguntas en las urnas”, subrayó Alonso López, director provincial de Unidad Popular.

Sobre la movilización, Virginia Pinela, presidenta del Frente Unitario de Trabajadores de la provincia, manifestó que lo que buscan es defender el trabajo del pueblo ecuatoriano y la soberanía, y no descartó que salgan a movilizarse durante las siguientes semanas. La campaña para estos comicios se estableció que será del 7 al 18 de abril.

Por su parte, López manifestó también que consideran que el presidente Noboa busca realizar la consulta con miras a su reelección en 2025 y cuestionó, en nombre de las organizaciones sociales, las cifras del Plan Fénix de seguridad, que afirma serían menores de las presentadas respecto del combate al crimen organizado y al narcotráfico.

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Asimismo, anunció que estarán vigilantes para que no se realice campaña a favor de la consulta en instituciones públicas ni de parte de funcionarios, y recordó el reciente caso del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien fue sancionado con una multa por el Tribunal Contencioso Electoral por hacer proselitismo político durante las elecciones pasadas. (I)