En una carta abierta, un grupo de comunicadores ecuatorianos manifestó su rechazo enérgico a que vuelvan “los intentos de callar a los periodistas a través de revivir leyes pasadas que fueron usadas durante el correísmo para violar la libertad de expresión y prensa, como fue la mal concebida ‘Ley Mordaza’.

El pronunciamiento, emitido este domingo, 23 de marzo del 2023, se da a propósito de declaraciones como las del asambleísta electo de la Revolución Ciudadana (RC) Xavier Lasso, quien ha planteado “regular” a los medios de comunicación; o como la de la candidata presidencial de esa agrupación política, Luisa González, quien ha insistido en la intención de regular las redes sociales.

Los firmantes del comunicado indicaron que “sería conveniente que los asambleístas que se posesionarán en mayo próximo tomen una posición sobre esta ley, que lo único que pretende es amordazar la libertad de expresión de periodistas y usuarios de redes sociales”.

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Y, asimismo, exigieron a los dos candidatos presidenciales, Daniel Noboa y Luisa González, “que expongan públicamente las acciones que incluirán en sus agendas para respetar y asegurar el derecho de prensa, de libertad de expresión y de acceso transparente a la información pública”.

Los firmantes de la misiva recordaron que el país vive una situación conflictiva por los problemas de inseguridad. “En este contexto alertamos que, sin prensa libre la ciudadanía no puede conocer ni seguir de cerca las decisiones del Estado que afecta a todos los ecuatorianos. Seguir de cerca las acciones de las autoridades les permite tomar decisiones conscientes sobre su día a día. Si no existe esa vigilancia se allanan los caminos al abuso, a la impunidad, a la corrupción y al autoritarismo”, reclamaron.

Xavier Lasso es legislador electo de la Revolución Ciudadana.

“Ecuador vive un estado de zozobra siendo nuevamente el país más violento de Latinoamérica con una tasa de homicidios de 38,8 por cada 100.000 habitantes, seguido de Venezuela y Colombia”.

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“El actual presidente, Daniel Noboa, ha instaurado una política de “mano dura” contra la delincuencia declarando al país en estado de conflicto armado en enero de 2024, aunque la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta decisión”.

“A pesar de la presencia militar en las calles durante los últimos 14 meses, enero de 2025 fue uno de los meses más violentos de la historia del país, con 781 muertes violentas, en medio de una complicada campaña electoral que, además, ha sido utilizada por políticos y candidatos para atacar a la prensa y proponer leyes duras para regular el oficio periodístico”.

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Asimismo, “durante los diez años de gobierno de Rafael Correa se registraron 2.384 ataques a la libertad de expresión que terminaron en censura, según Fundamedios. Solo en 2015, utilizando la Ley Orgánica de Comunicación aprobada por el gobierno correísta, hubo 99 casos de agresión contra la prensa con denuncias, sanciones y uso abusivo de la ley como estrategia para callar a periodistas y medios que cuestionaban el trabajo de las autoridades. En ese periodo, a través de la Supercom (Superintendencia de Comunicación), se impusieron constantes multas económicas a medios de comunicación señalados por Correa como enemigos del gobierno, afectando duramente las finanzas de medios de comunicación privados y comunitarios, provocando el cierre de varios de ellos”.

“También dentro del gobierno de Noboa han existido declaraciones y hechos que han afectado el ejercicio periodístico, como servidores públicos que han impedido el acceso a la información, militares que limitaron la cobertura de las elecciones del 9 de febrero y una narrativa de que los periodistas hacemos ‘críticas destructivas’”.

“El acoso a la prensa no es una creación de estos gobiernos llamados de izquierda, también se da con gobiernos de otras tendencias porque los periodistas siempre hemos sido incómodos para el poder. Solo un botón de muestra: el presidente Donald Trump va a decidir quiénes asisten a sus ruedas de prensa y quiénes tendrán derecho a preguntar”. (I)