El incidente entre los legisladores Esteban Torres (PSC) y Fernando Villavicencio (IND), registrado en el pleno de la Asamblea Nacional, llevó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) a aprobar una resolución no para exigir buen comportamiento a los asambleístas, sino para bloquear el acceso del personal de seguridad al pleno.

El pasado 4 de mayo, en la sesión 869, mientras se debatía el proyecto de Ley de Salud Mental, se produjo un enfrentamiento verbal y físico entre los dos legisladores, por lo que, según Villavicencio, tuvo que pedir la intervención de su personal de seguridad, porque pretendían agredirlo.

Según el legislador correísta Ronny Aleaga, el día 4 de mayo ingresó al recinto legislativo personal armado sin autorización y sabiendo que la Asamblea Nacional cuenta con personal de la escolta que actúa en caso de disturbios para proteger a los asambleístas y funcionarios. Por eso, planteó al CAL una resolución que impida el ingreso de la seguridad de los legisladores al recinto.

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El legislador Fernando Villavicencio explicó que, el día del incidente, el cabo de Policía afrodescendiente Jorge Trujillo entró al pleno. “(Porque) yo le pido, y lo hice porque la escolta legislativa no hizo nada; porque, si la escolta legislativa hubiese intervenido, no había razón de que entre el policía, y luego llegaron los asambleístas correístas a defender al legislador agresor Torres”.

El asambleísta nacional narró que ese día, mientras conversaba con Pedro Velasco y Marco Troya (BAN), su colega Esteban Torres entró de forma violenta al recinto legislativo gritando que “él no es albañil y que no se parece a un albañil, pues él se siente ofendido”, en referencia a una respuesta que emitió Villavicencio a la prensa relacionada con la consulta que realizó el socialcristiano a la coordinación jurídica del Parlamento respecto a la salida legal en caso de que no haya aprobación de un informe sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso.

Tras estos hechos, el 5 de mayo, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, apoyó la aprobación de la resolución planteada por el correísta Ronny Aleaga, donde se dispone a la escolta legislativa que prohíba el ingreso al pleno a cualquier personal de seguridad que no sea el de la escolta legislativa.

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Todos deben esperar fuera, y la escolta legislativa debe reglamentar dónde permanecerá el personal de seguridad mientras se desarrollan las sesiones del pleno de la Asamblea y que se prohíba expresamente el ingreso de dicho personal al pleno.

Al día siguiente de aprobada la resolución, el personal de seguridad del asambleísta Villavicencio, que lo conforman el capitán de Policía Christian Cevallos y el cabo Jorge Trujillo, fue impedido de acercarse al perímetro del salón José Mejía Lequerica y fueron requisadas sus armas. Ese día se realizó la sesión de la Comisión de Fiscalización para conocer el informe sobre la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso.

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El legislador nacional pidió al Ministerio del Interior información sobre el coronel Santiago Martínez, que lidera la custodia del presidente de la Asamblea Nacional, porque “es él quien involucra al cabo Trujillo”. En el parte policial presentado por la seguridad de Villavicencio se aclara que Trujillo ingresó al recinto por pedido expreso del legislador a quien custodia, y además lo hizo sin armas, porque estas se quedan en las oficinas.

Recordó que, según el Departamento de Inteligencia, él tiene un informe de riesgo que supera el 90 %, y eso significa que el personal asignado está obligado a intervenir ante cualquier eventualidad, como sucedió en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, cuando Leonardo Cortázar intentó agredirlo y tuvo que pedir la intervención del capitán Cevallos. (I)