El asambleísta Ricardo Vanegas Cortázar, del movimiento Pachakutik pidió a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que inicie una investigación penal para determinar si existen personas o grupo de personas dedicadas a interceptar llamadas a los 137 asambleístas sin que haya orden judicial.

La preocupación del legislador nacional se deriva porque en “redes sociales se difunden audios y chats de teléfonos que han sido intervenidos”. Esto en referencia a las capturas de mensajes de chats y audios publicados en redes y medios de comunicación que involucrarían a legisladores en la gestión de cargos públicos.

Surgen nuevos casos en la Asamblea Nacional sobre compromisos de gestionar cargos públicos

El representante de Pachakuitk en una carta enviada, este 27 de agosto, a la Fiscalía General del Estado da a conocer que ha solicitado que desde el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) se le informe si los teléfonos celulares de los 137 asambleístas que integran la Asamblea Nacional están siendo intervenidos y, de ser ese el caso, con qué autorización judicial se procedió a interceptar llamadas y capturas de pantallas.

Vanegas advierte que de no existir una orden judicial, esa acción podría adecuarse a lo que disponen los artículos 178, 180 y 230 del Código Integral Penal (COIP), relacionados con penas privativas de la libertad por la intercepción de teléfonos sin orden judicial previa. Afirma además que esas acciones de publicar chats se enfocan en desestabilizar las labores de la Asamblea Nacional.

En la última semana, se han publicado audios y capturas de pantallas de mensajes de WhatsApp, que involucran a la legisladora Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Función Legislativa, en una supuesta gestión de cargos públicos.

También se difundieron textos de chats de Petter Armijos, director provincial de Pachakutik y asesor del asambleísta Darwin Pereira (PK), en los que habla sobre espacios en el sector público para gente leal.

Igualmente, se publicaron chats del legislador Elías Jachero (BAN), sobre compromisos para ayudar a gestionar cargos públicos supuestamente en su provincia Pastaza. (I)