La Asamblea Nacional, este 8 de febrero, aprobó el proyecto de ley urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, pero se incluyen tres excepciones para iniciar la acción de extinción de dominio sin que se requiera de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa.

La votación fue unánime de 129 legisladores presentes, pero hubo dos llamados, pues inicialmente se registraron 131 asambleístas, pero por fallas técnicas en el sistema de votación se la repitió y en el segundo llamado se inscribieron 129 legisladores.

Tres excepciones para la extinción de dominio sin sentencia previa se incluyen en informe de proyecto de ley

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Régimen Tributario, Nathaly Farinango (ADN), explicó a los asambleístas que la extinción de dominio no es una sanción ni constituye el ejercicio del poder punitivo del Estado. Por ello, dijo se incorporan tres excepciones en las que no se requerirá sentencia previa para iniciar la acción de extinción de dominio:

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  1. Cuando los bienes ilícitos sean de propiedad de los grupos de delincuencia organizada determinados por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) o las Naciones Unidas.
  2. Cuando los bienes injustificados tengan relación de causalidad con el crimen organizado.
  3. Y en delitos flagrantes con relación de causalidad con el crimen organizado.

Farinango, como asambleísta ponente de este proyecto remitido por el Ejecutivo, señaló que la ley permitirá monetizar los bienes y activos que provienen de actos ilícitos y tendrán como destino, planes, proyectos e inversión en desarrollo social; en la reconstrucción del tejido social, se invertirá ese dinero en centros de rehabilitación para jóvenes que han caído en el vicio de las drogas y en programas que permitan tener nuevamente justicia social en este país.

La Ley propone el respeto absoluto al debido proceso y la garantía de contar con recursos como la apelación, la casación e incluso la revisión que fue una propuesta de las distintas bancadas y la hemos considerado e incorporado en el articulado final, indicó.

En el proyecto incorpora la posibilidad de que la maquinaria de minería ilegal se use a favor del mantenimiento vial y de las obras públicas estatales y locales.

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En torno a las reformas a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, se determina que cualquier arma, explosivo o accesorio usado en delito flagrante o cuya importación, introducción al país o tenencia no estuviese facultada por la ley y su reglamento será incautada, confiscada o decomisada y previo un peritaje que determine las características de este armamento será remitida a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional según las necesidades institucionales para el combate al crimen organizado.

El legislador Cristhian Vega (RC) resaltó que la Asamblea Nacional observó el pronunciamiento de la Corte Constitucional a no vulnerar el derecho de presunción de inocencia, por ello, se definió que se mantenga la sentencia ejecutoriada y se consideraron tres excepciones que van relacionadas con el hecho de que los bienes ilícitos sean de propiedad de personas vinculadas a grupos de delincuencia organizada, pero debidamente declarados por el Cosepe o las Naciones Unidas.

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Explicó que en el momento que se genera una sentencia a través de la vía civil de que el bien es injustificado se procede a la extinción de dominio, pero lo importante es que en las tres fases se adiciona la posibilidad de una revisión de tal manera que en ningún momento se vulnera el derecho a la presunción de inocencia y una vez que se cristaliza o se comprueba que el bien no es justificado se extingue el dominio, se monetiza y se pueden recuperar esos valores.

Vega aclaró que para no caer en los temas de preasignación presupuestaria, en el proyecto urgente, se estableció que dentro de las actividades que permitirán financiar estos fondos está el desarrollo fronterizo y de las zonas rurales.

Tras el análisis del proyecto y las cifras emitidas por el Ministerio de Finanzas, el legislador Cristhian Vega indicó que habría $177 millones, en este momento, que estarían prestos para poder ser monetizados a través de este procedimiento aprobado en la ley urgente.

El legislador Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, destacó que lo aprobado por el Parlamento se convierte en una ley dinámica que ahora sí va a luchar contra las bandas criminales y los patrimonios ilícitos producto del cometimiento de delitos.

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Insistió en que esta ley permitirá quitar o retirar el poder a las bandas criminales y a los mafiosos de este país, y sin duda reiteró que esta normativa será la herramienta fundamental para que ahora sí jueces, fiscales y la opinión pública puedan combatir a las mafias retirándoles el patrimonio mal habido, golpeando donde más les duele.

Contratación pública

En torno a las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se crea la Unidad Especializada Antilavado, el Sercop podrá suspender los procedimientos de contratación en los cuales exista vinculación o colusión, esto con el fin de evitar cualquier nexo ilegítimo que distorsione la libre competencia y afecte principios de igualdad y transparencia. “Se busca atacar la corrupción en la contratación pública”, sentenció.

La legisladora Farinango, en su exposición sobre el contenido del proyecto, dijo que con estas reformas se busca transparentar los procesos, agilizar las compras públicas que se requieran para las contrataciones de obras, bienes y servicios necesarios para la seguridad y defensa interna del Estado, así como para los centros de privación de libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Esto permitirá que las fuerzas del orden puedan tener todos los insumos necesarios para seguir con esta lucha en contra de la criminalidad.

En conclusión, dijo, esta ley urgente permite el desmantelamiento del financiamiento de la delincuencia organizada y al mismo tiempo que garantiza el derecho a la propiedad adquirida lícitamente, el derecho al debido proceso en todas las instancias, contando con recursos de apelación, casación y revisión. (I)