El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió por tres años los derechos políticos de la recién electa asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana (RC) Priscila Schettini, quien también debe pagar una multa de cincuenta salarios básicos unificados, por cometer violencia política de género con tintes racistas en contra de la fiscal general de Estado, Diana Salazar.
En esta misma causa n.° 250-2023-TCE, también fue sancionada la abogada Angélica Porras, a quien se suspende sus derechos políticos por dos años y deberá pagar treinta salarios básicos unificados.
Tanto Schettni como Porras fueron declaradas responsables de la infracción electoral muy grave, contemplada en el artículo 279 del Código de la Democracia. En el caso de Priscila Schettini, no podría asumir su cargo de legisladora el próximo 14 de mayo.
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La denuncia planteada ante el TCE determina que las dos mujeres promovieron una iniciativa para que la autoridad principal de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, renunciara a su cargo en el 2023.
La sentencia fue aprobada por los jueces Joaquín Viteri, Ángel Torres y los conjueces Édgar Toro Calderón y Álvaro Ojeda, y hubo el voto salvado de la jueza Ivonne Coloma.
Esta sentencia es de última instancia, por lo tanto solo caben acciones horizontales de ampliación o aclaración que no modificarán el fondo de la sanción.
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La denuncia la planteó la titular de la Fiscalía, Diana Salazar Méndez, y fue el juez electoral Fernando Muñoz Benítez quien la sustanció en primera instancia y determinó que Schettini y Porras incurrieron en actos sistemáticos de violencia política de género que afectaron la imagen personal y profesional de la autoridad con el objetivo de incitarla a renunciar.
El magistrado sancionó a Priscila Schettini Castillo a pagar una multa de 50 salarios ($ 22.500) y la suspensión de sus derechos de participación política por tres años.
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A Porras le impuso una multa de 30 salarios ($ 13.500) y la suspensión de sus derechos de participación política por dos años.
Esta sentencia del juez electoral Fernando Muñoz fue ratificada por el pleno del TCE, en cuanto a la sanción, en una sesión desarrollada este 1 de mayo de 2025. Se eliminaron las medidas de reparación dispuestas en primera instancia contra el colectivo Acción Jurídica Popular.
Priscila Schettini es asambleísta nacional electa por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), pero con esta sentencia no podrá asumir el cargo. (I)
