El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, envió una solicitud al presidente Guillermo Lasso en la que recomienda que se coordinen las acciones para la cancelación del laudo arbitral.

“Las entidades competentes deberían coordinar las acciones que correspondan para asegurar el cumplimiento de esta obligación de carácter internacional y precautelar los intereses del Estado”, dice el escrito.

El caso surge porque la compañía Perenco Ecuador Limited planteó en 2008 un arbitraje internacional en contra de la República del Ecuador como consecuencia de la vigencia de la Ley n.º 42 del año 2006 que fijó una participación mínima del 50 % para el Estado sobre los excedentes en los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos en los contratos originales.

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El mencionado porcentaje fue incrementado al 99 % mediante el Decreto 662 del 2007.

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En su demanda, Perenco alegó que dichas disposiciones y los consecuentes procedimientos coactivos iniciados en su contra por el incumplimiento de sus obligaciones con el Ecuador alteraron su participación prevista en los contratos sobre los bloques 7 y 21, “hechos que constituían una violación de los convenios suscritos y del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre el Ecuador y Francia”, indica el Procurador.

Luego, el Tribunal a cargo del caso CIADI ARB/08/06 emitió su laudo final el 27 de septiembre de 2019, dictaminando que el Estado ecuatoriano violó el TBI y los contratos de participación. Y en consecuencia, ordenó pagar $ 471′820.400,00 a favor de Perenco.

Después la Procuraduría interpuso una solicitud de anulación del mencionado laudo arbitral, cuya resolución, que anula parcialmente el laudo, se notificó el 21 de mayo de 2021. En esa resolución se redujo el monto a cancelar por parte del Estado en $ 435′182.000,00.

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Sobre ese monto se realizaron deducciones, dispuestas por el Comité ah hoc como efecto de la condena a Perenco de indemnizar al Estado por los daños ambientales causados en la zona de explotación petrolera por $ 54′439.517,00. Y otros descuentos ($ 6′369.328,75) correspondientes a costos y gastos arbitrales. Finalmente, el Estado debe cancelar a Perenco $ 374′373.154,25 más los intereses que se generen.

En la solicitud, la Procuraduría recordó que en 2019 ambas partes acordaron suspender los procesos de ejecución del laudo arbitral iniciado en los Estados Unidos y en el Reino Unido por un periodo de 60 días a partir de la resolución de anulación, vencido en el cual Perenco podrá retomar dichos procedimientos y ejecutar el fallo en cualquier jurisdicción donde el Estado ecuatoriano posea bienes comerciales. (I)