Proyecto habitacional de la empresa de la primera dama en Olón: ¿hay conflicto de intereses de funcionarios públicos en su construcción?

Frente a las quejas de organizaciones ambientalistas por la tala de manglar en el esterillo Oloncito (Olón, provincia de Santa Elena) para supuestamente beneficiar la construcción de un proyecto habitacional exclusivo, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas Chaves, y el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón Salvador, solicitaron este 8 de mayo la acción de la Fiscalía General del Estado para investigar si estarían involucrados funcionarios de alto nivel del gobierno de Daniel Noboa y su esposa, la primera dama, Lavinia Valbonesi.

El esterillo Oloncillo en 2001 fue declarado como “bosque y vegetación protectores”. Sin embargo, a pocos días de que Noboa asumió la Presidencia de la República, el 5 de diciembre de 2023, una dirección zonal del Ministerio del Ambiente, otorgó el registro ambiental para el proyecto urbanístico ECHO de la empresa Vinazin S. A., cuya accionista mayoritaria es Lavinia Valbonesi.

Alarcón y Rodas sugirieron que habría un conflicto de interés de Valbonesi y funcionarios que actualmente ocupan ministerios en el Gobierno. Por ello exhortaron no solo a la Fiscalía, sino también a la Secretaría de Integridad Pública (antes Secretaría Anticorrupción de la Presidencia) a investigar cualquier acto de corrupción.

La situación en Olón se conoció el lunes 6 de mayo cuando un grupo de trabajadores no identificados empezaron a cortar el manglar, como parte de las acciones para la construcción del proyecto inmobiliario.

La Fundación La Iguana difundió información respecto a que en el área se pretende levantar el proyecto urbanístico ECHO de la empresa Vinazin S. A.

Asimismo, los estudios para la construcción fueron elaborados por la compañía Geosísmica, que tiene entre sus accionistas al actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.

Se señala principalmente a Sade Fritschi, ministra del Ambiente, porque desde una dirección zonal de la cartera de Estado, el 5 de diciembre de 2023, se otorgó el registro ambiental para el proyecto urbanístico de la empresa Vinazin.

También trascendió que la ministra del Interior, Mónica Palencia, y su hija, en calidad de abogadas, recibieron autorización de la compañía Vinazin para que realicen diligencias legales y administrativas para obtener la aprobación y registro de la reforma del objeto social y del estatuto de la empresa.

¿Qué implica el conflicto de interés?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define al conflicto de interés como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público”.

El artículo 232 de la Constitución indica que “las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios”.

Por otra parte, en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) se precisa que “en caso de que exista conflicto de intereses, entre servidores públicos de una misma institución, que tengan entre sí algún grado de parentesco de los establecidos en esta ley y deban tomar decisiones en relación con el citado conflicto de interés, informarán a su inmediato superior sobre el caso y se excusarán inmediatamente de seguir conociendo el procedimiento controvertido, mientras sus superiores resuelven lo pertinente”.

“Ahora se entiende el interés de Daniel Noboa de dar de baja el Decreto Ejecutivo que establecía, dentro de unas normas éticas, declaraciones de interés para altos funcionarios públicos, autoridades de Estado, el hecho de que ahora ya no tengan que presentar declaraciones de interés de situaciones como estas. Hay un presunto conflicto de interés en el que interviene una persona que si bien no es funcionaria pública, oficialmente hablando ocupa un cargo publico de interés o de influencia y de poder. Me refiero específicamente a la primera dama, con la intervención de personas que actualmente ocupan ministerios en el gobierno de Daniel Noboa”, fustigó Alarcón.

Según el activista, al no estar normada ni regulada la prevención de conflicto de intereses, no puede ser de forma directa aplicado al caso.

Contó que desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo impulsaron con el apoyo del asambleísta César Solórzano en el periodo anterior de la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de prevención de conflicto de intereses, pero la iniciativa no fue aprobada.

“Cambiar el estatus de estos territorios también tendrá que ser investigado porque podría formar parte de estas acciones en las que hay intereses cruzados. Entonces, hay mucho que deben investigar las autoridades ecuatorianas y, en ese sentido, pues el silencio de quienes estarían involucrados en este presunto conflicto de interés poco o nada ayuda para que este tema pueda ser solucionado en definitiva”, sentenció Alarcón.

Rodas, por su parte, dijo que lo primero que debe ocurrir es la acción “inmediata” de la Fiscalía para efectos de poder investigar con prontitud, certeza y con independencia la situación del esterillo Oloncito, porque “parecería que están involucrados funcionarios de altísimo nivel”.

Apuntó que también debería funcionar la Secretaría General de Integridad Pública, dado que el propio presidente Noboa mediante Decreto Ejecutivo declaró la Integridad Pública como una política nacional.

“El Gobierno nacional debe responderle al país frente a las inquietantes denuncias porque los conflictos de interés que puedan atravesar al actual gobierno con los funcionarios que forman parte de él y que están en algunas actividades privadas que coincidencialmente les une a ellos deben quedar plenamente clarificadas, porque es grave y lamentable que el país vuelva a la etapa de conflicto de intereses y los objetivos de determinados núcleos privados se privilegien sobre el interés público”, expresó el coordinador de la Comisión Anticorrupción.

A criterio de Rodas, es indiferente el que haya sido derogado el Código de Ética de la Función Ejecutiva para una posible aplicación al caso. “Los Códigos de Ética terminan siendo letra muerta y solamente son la especie de un instrumento para decirle al país que se va a proceder con ética”, subrayó.

“Más allá del Código, que además termina siendo la recuperación en la recolección de normas existentes; más allá de lo que está escrito, lo que importa es el comportamiento. En la práctica se puede conocer la conducta de los regímenes en cuanto a lo que se refiere a respetar elementales formas de ética en el ejercicio del cargo público”, sentenció Rodas. (I)