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PSC y UNES empujan a la Asamblea Nacional a una maraña política y ganan tiempo en el juicio político a la judicatura

Los legisladores entrarán a un receso legislativo de quince días y retornarán el próximo 27 de septiembre.

QUITO (08-09-2022).- En la sesión 798, se realizó la votación de la reconsideración del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

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La Asamblea Nacional tendrá que destrabar, al regreso de la vacancia legislativa, la falta de definición sobre la destitución de los tres vocales del Consejo de la Judicatura (CJ). El PSC y UNES, en este proceso, optaron por dilatar una decisión del pleno para conseguir cinco votos que les falta.

En la estrategia montada por los dos aliados legislativos, el papel que jugó el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, fue clave e inmovilizó a los sectores políticos que bloquearon con 49 votos, el pasado 1 de septiembre, la destitución de los vocales Fausto Murillo (presidente), Ruth Barreno y Juan José Morillo.

Asamblea Nacional se enreda en la definición de la destitución y censura de tres vocales del Consejo de la Judicatura

Lo que hicieron el PSC y UNES fue una estrategia deliberada con la ayuda de Saquicela, quien dio paso a una “triquiñuela” para ganar tiempo en la votación y alcanzar su anhelado objetivo de destituir a tres vocales de la judicatura, sostiene el exlegislador socialcristiano Henry Cucalón.

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Todo esto ahonda más en la crisis al Parlamento. En esta “triquiñuela”, donde no había lagunas, Saquicela creó una deliberadamente porque inventó un escenario que le permite suspender la sesión y volverla a reinstalar cuando sea su voluntad, añade Cucalón

En la práctica, la Asamblea “desnaturalizó” lo que es una reconsideración, porque el espíritu es que esta figura debe darse en la misma sesión o en la siguiente, es decir, debe ser inmediato; además, no observaron el procedimiento e institucionalizaron a la reconsideración como moción por escrito, lo cual no consta en la Ley, explica.

También se cometió el error, describe el socialcristiano, de inventarse que al reconsiderar la votación se reconsideraba también la moción, cuando lo único que tenía que hacer Saquicela, es mandar a votar nuevamente.

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Y lo más grave de todo esto, resalta, es que no es un condicionante que la moción, en un juicio político, debe presentarla solo el o los interpelantes, pues recordó que cuando el interpeló al exfiscal Carlos Baca la moción la presentó su coideario, Vicente Taiano.

Que en ninguna parte de la ley se señala que la moción de censura y destitución debe hacerla el interpelante; pues cualquier asambleísta presente puede hacerlo. Ahí le faltó conocimiento a los sectores políticos que están en contra del juicio; y lo hecho en la Asamblea se llama “fraude a la ley deliberado”, puntualiza.

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En la sesión del 8 de septiembre, el legislador oficialista Gruber Zambrano mocionó la reconsideración de la votación sobre la moción presentada por Viviana Veloz (UNES) y recibió el respaldo de 85 votos.

El secretario general del Parlamento, Álvaro Salazar, certificó que al ser reconsiderada la moción, Veloz tenía el derecho de presentar esa moción nuevamente.

Y, al no contar con su presencia en el recinto, dijo: “No podemos continuar con el trámite legal establecido en el artículo 145 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”. Eso llevó a Virgilio Saquicela, como presidente del Parlamento, a suspender el trámite y luego la sesión.

Pero la exsecretaria de la Asamblea Nacional, Libia Rivas, explica que, antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en noviembre de 2020, se reconsideraba lo resuelto o aprobado en el pleno. Ahora, con la nueva norma, se permite la reconsideración de lo improbado, lo cual implica volver a revisar la decisión.

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Rivas afirma que es un error pensar que la reconsideración va a los votos, sino a la decisión como tal, pues cuando se reconsidera algo que no se aprobó ya no existe moción, y las decisiones se toman con base en una decisión; por lo tanto, todo vuelve a cero.

En el caso del juicio político a los tres vocales de la Judicatura, se pretende votar sobre la misma moción, dado que se reconsideró, pero los que impulsan el juicio político tienen que volver a presentar la misma moción, recalca la exfuncionaria legislativa.

El exlegislador Cucalón refuta a Rivas con una pregunta: ¿en qué parte de la ley dice que en un juicio político el que tiene que presentar la moción de censura y destitución tiene que ser solo el interpelante?

Ricardo Vanegas, de la bancada Pachakutik, afirma que los 19 votos de Pachakutik en contra del juicio político siguen y seguirán firmes. “Nosotros no vamos a cambiar con lo resuelto; no habrá circunstancia que los haga cambiar. Y tendremos que esperar el receso y hasta que el presidente de la Asamblea convoque a la continuación de la sesión suspendida”, justifica.

Pero advierte que tampoco Virgilio Saquicela, podrá demorarse mucho, porque el artículo 129 de la LOFL establece como plazo máximo 30 días para instalar una sesión suspendida; de lo contrario, habría una causal para su destitución, como pasó con Guadalupe Llori.

Dalton Bacigalupo, de la Izquierda Democrática, afirma que lo acontecido en la Asamblea agrava una vez más el descrédito de la institución, porque es inadmisible que el presidente violente la Ley de la Función Legislativa para bloquear la votación que impedía la destitución de los vocales de la Judicatura.

Considera que en algunas bancadas no hay voluntad seria de rectificar y mejorar la imagen del Parlamento, pues continúan las viejas prácticas políticas. Por eso, “el país clama por la disolución de la Asamblea Nacional y pide la muerte cruzada”.

Bacigalupo sostiene que UNES y el PSC están tratando de ganar tiempo durante la vacancia legislativa para “comprar votos y destituir a los vocales de la Judicatura”. (I)

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