El Gobierno ecuatoriano ha enviado convoyes denominados humanitarios con víveres, medicinas y otros insumos hacia provincias afectadas por bloqueos durante el paro nacional, como Imbabura, en los 23 días que llevan las movilizaciones.
Sin embargo, la Cruz Roja Ecuatoriana aclaró en un comunicado oficial compartido con este Diario que estas operaciones no cumplen con los criterios internacionales para ser consideradas humanitarias y ha reiterado que no ha sido parte de la comitiva que las ha acompañado.
El objetivo de estos convoyes es asistir a la población aislada por bloqueos y garantizar la libre circulación de productos esenciales, ha dicho el régimen. No obstante, la forma en que se llevan a cabo ha generado cuestionamientos sobre si estas operaciones pueden ser consideradas “humanitarias” según los estándares internacionales.
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En este marco, la Cruz Roja Ecuatoriana envió una carta al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto en la que aclaró que no ha estado presente en estas comitivas y recordó los principios que rigen un convoy humanitario del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Entre los criterios clave están:
- Neutralidad operacional: el convoy no puede estar escoltado ni controlado por fuerzas militares o de seguridad. La seguridad debe garantizarse a través del diálogo con todas las partes, no mediante protección armada.
- Independencia de decisión: todas las decisiones sobre rutas, tiempos, beneficiarios y modalidades de entrega deben ser tomadas por la organización humanitaria, basadas en necesidades previamente identificadas.
- Imparcialidad: la ayuda debe ser entregada de manera no discriminatoria, atendiendo únicamente las necesidades de la población, sin favorecer a ningún grupo o sector.
- Uso del emblema: el símbolo de la Cruz Roja solo puede emplearse en operaciones organizadas por el movimiento internacional, su uso junto con las Fuerzas Armadas contraviene los estatutos internacionales y la ley local sobre protección del emblema.
En el caso de los convoyes desplegados por el Gobierno a Imbabura, los boletines oficiales del Comando Conjunto y del Ministerio de Defensa mencionaron la participación de la Cruz Roja.
La organización recordó además que está siempre dispuesta a cooperar en el marco de su rol auxiliar de los poderes públicos y de la diplomacia humanitaria y que desde el inicio del paro ha desarrollado acciones humanitarias sin distinción de raza, religión, ideología política u otra condición, incluyendo la atención a 17 militares retenidos en Cotacachi, que ya fueron liberados, y la asistencia prehospitalaria brindada a diversos actores en la provincia de Imbabura.
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Dos convoyes generaron polémica
Uno de los convoyes más destacados fue el del 28 de septiembre, cinco días después del inicio del paro, liderado por el presidente Daniel Noboa, quien se trasladó junto con miembros del cuerpo diplomático y autoridades internacionales, como el nuncio apostólico Andrés Carrascosa, la embajadora de la Unión Europea Jekaterina Dorodnova y el embajador de Italia Giovanni Davoli.
Este convoy estaba custodiado por aproximadamente 50 militares y fue emboscado por unas 350 personas en Cotacachi, según aseguró el Gobierno.
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El mandatario difundió imágenes y videos de los ataques, asegurando que los hechos no corresponden a manifestaciones pacíficas, sino a actos de violencia perpetrados por grupos infiltrados.
En esa ocasión, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, señaló que la prioridad del Ejecutivo es proteger la vida de todos los ecuatorianos y condenó los ataques, la retención de servidores públicos y la destrucción de bienes públicos y privados.
El segundo convoy enviado por el Gobierno a Imbabura, el 13 de octubre pasado, transportó víveres, medicinas, gas y otros insumos básicos con el objetivo de abastecer a comunidades afectadas por los bloqueos durante el paro nacional.
La caravana, integrada por 25-35 camiones y custodiada por alrededor de 1.000 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, avanzó desde Tababela hasta Ibarra con la participación de la vicepresidenta María José Pinto, el ministro del Interior, John Reimberg, y delegados de distintas instituciones públicas.
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Durante el trayecto se habilitaron puntos bloqueados y se supervisó la seguridad del convoy, aplicando niveles de fuerza progresivos según el comportamiento de los ciudadanos.
En el recorrido, el convoy enfrentó resistencia de algunos manifestantes, quienes lanzaron piedras, objetos y bombas molotov en sectores como La Esperanza, provocando la quema de una unidad militar, que fue controlada a tiempo.
A pesar de estos incidentes, la caravana logró llegar al ECU911 de Ibarra y continuar con la entrega de insumos a la población, mientras las autoridades insistían en abrir el diálogo con las comunidades y garantizar la libre circulación en las vías bloqueadas.
Aunque estos convoyes cumplen la función de entregar ayuda a comunidades aisladas, la Cruz Roja afirma que no son operaciones humanitarias independientes, al estar controladas por el Gobierno y acompañadas por las Fuerzas Armadas.
Líderes locales y de comunidades indígenas han cuestionado las operaciones, denunciando que algunos convoyes podrían funcionar como fachadas para justificar la presencia militar y controlar a los manifestantes.
La alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, manifestó su preocupación por la seguridad de la población y solicitó diálogo con autoridades estatales antes de la llegada de los convoyes.
“Antes que ingrese el convoy, deberíamos sentarnos a dialogar para que pueda ingresar en paz, trayendo las provisiones… Estamos preocupados”, expresó y agregó que desde el 25 de septiembre se han enviado oficios a la Gobernación solicitando mesas de diálogo.
Los convoyes gubernamentales también han sido objeto de debate en la Asamblea Nacional, donde algunos legisladores cuestionan la falta de coordinación con la Cruz Roja y la población local y se aprobó incluso una resolución condenando el ataque al convoy en el que se transportó Noboa el mes pasado.
Otros respaldan la operación y destacan la importancia de garantizar el abastecimiento y la seguridad de los ciudadanos en medio de bloqueos y actos violentos aislados. (I)
