Los juristas Rafael Oyarte e Ismael Quintana renunciaron a la defensa de Pablo Muentes en la demanda contra el Banco del Pacífico, por una disputa que involucra un monto aproximado de $ 4 millones que la institución bancaria tendría que pagar al exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC), quien es procesado en el caso Purga.

La firma legal que conforman Oyarte y Quintana dirigió un escrito a los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el cual informaron que renuncian a continuar con la defensa de esa causa. Además indicaron que comunicaron su decisión a sus expatrocinados el 28 de marzo de 2024.

Oyarte y Quintana señalaron que no seguirían patrocinando a Muentes por “objeción de conciencia”. Se sustentaron en los artículos 44, inciso 1, del Código Orgánico General de Procesos, y el artículo 331, inciso 3, del Código Orgánico de la Función Judicial.

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El primero dice: “Art. 44.- Renuncia. Las o los defensores podrán renunciar o negarse a prestar defensa por objeción de conciencia o por incumplimiento contractual de su cliente”.

El segundo señala: “Art. 331. Derechos de los abogados en el patrocinio de las causas.- Son derechos del abogado que patrocina en causa: (3) Renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia”.

Oyarte y Quintana tomaron esta decisión luego de escuchar el testimonio anticipado que dio Mayra Salazar, comunicadora procesada en el caso Metástasis, la mañana y tarde de este jueves 28, y en el que dio detalles del modus operandi de Muentes en el manejo de la Corte de Justicia del Guayas.

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Salazar contó, entre otras cosas, que los recibos que presentó Muentes en un proceso de habeas data por una deuda con el Banco del Pacífico eran falsos y que una de sus asesoras había elaborada la sentencia de los jueces que conocieron el caso.

Oyarte había declarado en varias entrevistas de prensa que la sentencia en la que se obligó al banco a pagarle $ 3,9 millones como indemnización, a la que calificó de “justa”.

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En cuanto al caso Purga, la defensa de Pablo Muentes está a cargo del abogado Diego Chimbo. En ese proceso el exlegislador socialcristiano es investigado por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

La Fiscalía lo acusa en calidad de autor y lo señala como el supuesto líder de un grupo criminal. Una de las presuntas irregularidades que se investigan en esta causa es la demanda de habeas data que el político y su esposa interpusieron contra el Banco del Pacífico. Actualmente, Pablo Muentes cumple prisión preventiva en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi. (I)



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