Réplica solicitada a EL UNIVERSO por el Terminal Portuario de Manta

Ingrid Rodriguez Velasco, gerente general del Terminal Portuario de Manta TPM S.A, envió un pedido de réplica a este Diario respecto a la publicación de fecha 30 de junio de 2024 titulada “Expresidente Rafael Correa y exministro Walter Solís, vinculados por presunto peculado en concesión del puerto de Manta”, que se realizó en la edición digital.

A continuación el texto de la réplica:

“Hemos visto con sorpresa una publicación en las redes sociales de EL UNIVERSO, acerca de un reportaje que ha sido denominado “Expresidente Rafael Correa y exministro Walter Solís, vinculados por presunto peculado en concesión del puerto de Manta”, en el cual hacen referencia a un proceso judicial en contra del expresidente Rafael Correa y en el que se nombra a AGUNSA, sin que hayamos sido parte de dicho reportaje ni mucho menos de la investigación realizada.

Esta publicación hace eco de denuncias y ataques injustificados por parte de opositores al desarrollo del Puerto de Manta, que durante muchos años han presentado decenas de denuncias infundadas e inconsistentes con finalidades tan diversas como conseguir réditos políticos en elecciones o regresar al status quo antes de la delegación del puerto, en el que el atraso y abandono del mismo beneficiaba únicamente a quienes se denominan dueños de un puerto público.

En particular, la denuncia a la que se hace referencia en la publicación fue presentada hace varios años, en el 2018, por unos de los dirigentes del mismo grupo opositor de la delegación del Puerto de Manta y quien abiertamente ha manifestado su iniciativa de que se proceda con la terminación del contrato de delegación. Con el fin justamente de politizar una investigación para los fines mencionados han incluido a políticos y exfuncionarios, absolutamente ajenos a la delegataria. La inclusión por parte de los denunciantes a estos funcionarios con fuero de Corte Nacional, ha llevado a que, como corresponde conforme a derecho, el fiscal deba abstenerse de realizar esta investigación y enviarla a la Fiscalía con fuero para conocer estas denuncias.

En consecuencia, no es acertado señalar que existe indicio alguno de peculado ni perjuicio alguno al Estado ecuatoriano. En particular, hablar de un supuesto perjuicio al Estado de aproximadamente 23 millones de dólares es infundado cuando la totalidad de la inversión en el puerto de Manta es privada, sin que el Estado ecuatoriano haya tenido que erogar valor alguno.

No existe indicio real alguno de la existencia de irregularidades en la delegación y mucho menos perjuicio alguno al Estado ecuatoriano, pues luego de más de 60 millones de dólares de inversión extranjera en el puerto de Manta ha visto como un puerto abandonado por décadas se ha reactivado y ha servido para reactivar la economía de la ciudad y la región.

Como TPM y AGUNSA notamos con preocupación que al no haber tenido la oportunidad de contrastar lo manifestado en dicha publicación, se ha impedido corregir a tiempo información que no es acertada, como por ejemplo la referencia que se hace a que habrían indicios en supuestos informes vigentes de la Contraloría General del Estado, que HOY están caducados, prescritos y archivados y que no tienen validez alguno.

Asimismo, la publicación hace referencia a un informe presentado por la Asambleísta Adriana García al Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, con 33 supuestas observaciones basadas en ningún tipo de soporte real o evidencia numérica sino en el activismo político de dicha asambleísta, que ha usado la plataforma de atacar al puerto de Manta como mecanismo político sin importarle las afectaciones que estas puedan tener hacia la provincia que dice representar.

El informe de la asambleísta es ilegítimo y carece de validez alguna, puesto que desde el mes de mayo del 2024 la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha iniciado una investigación -formal y basada en sus competencias legales que lo legitiman - respecto a la delegación objeto del reportaje, haciendo del informe de la asambleísta García, ilegítimo dentro de sus propias atribuciones de fiscalización pues esconde la realidad de la información presentada en dicha Comisión y carece de legitimada o validez alguna pues la asambleísta no tiene competencia ni calidad legal para emitir dichos informes al ser una competencia de la Comisión a la que pertenece. Peor aún, la base de las acusaciones de la asambleísta, recogidas lamentablemente sin contraste por la publicación, son tan absurdas y maliciosas que comparan los ingresos generados por el terminal portuario administrado por APM sin incluir los egresos de su operación, con los ingresos generados por la delegación que son directos y no suponen egreso alguno para APM.

La principal preocupación que vemos de la publicación de este tipo de noticias sin contrastarlo para evitar incurrir en falsedad es que el grupo que está atrás de esta denuncia es el que no solo se opone al desarrollo del Puerto de Manta sino que también es quien en su momento se opuso a delegaciones portuarias anteriores y al desarrollo del aeropuerto y que producto de ataques mediáticos y políticos ha resultado en que el aeropuerto se encuentre desatendido por falta de gestión eficiente.

Estos ataques mediáticos y políticos se realizan ahora por parte de estos opositores justamente porque TPM y AGUNSA están realizando un proceso de renegociación que permita adaptarse a los cambios que se han producido en estos 7 años de delegación y a las nuevas realidades del mercado portuario ecuatoriano e internacional, así como a buscar mecanismos que permitan mejorar los ingresos de APM en base al crecimiento de la carga generada por las inversiones y gestiones del delegatario. La intención de estos opositores, sin duda, es desinformar a la ciudadanía a fin de evitar cualquier mejora contractual y utilizar una vez más el puerto de Manta electoralmente para conseguir objetivos políticos personales en perjuicio del desarrollo de la ciudad y de la provincia.

Para TPM y AGUNSA, es necesario que como EL UNIVERSO, se rectifiquen las imprecisiones de dicho reportaje, puesto que las mismas aducen al cometimiento de un delito y no a la continuidad de una investigación que, no tiene fuerza ni fundamento legal y que debería ser archivada”.

Nota de la Redacción:

La publicación de esta nota se basó en documentación de la Fiscalía General del Estado. (O)