En nueve meses de gestión de este año, el segundo del actual periodo, la Asamblea Nacional fue escenario de disputas de poder e intentos de someter a los organismos de control, y en contraste registra una limitada producción legislativa sin respuestas a las demandas ciudadanas.

Desde este 12 de septiembre, el Parlamento se acoge a su habitual vacancia de quince días y deja pendiente decisiones legislativas y de fiscalización. Y en medio de ese escenario el correísmo y socialcristianismo mantienen una alianza legislativa coyuntural que se apoya en grupos rebeldes de Pachakutik y disidentes de la Izquierda Democrática.

Los aliados buscaron el control del Parlamento y para ello labraron la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea y de Yeseña Guamaní como segunda vicepresidenta. Esa acción fue la puerta para dar los siguientes paso: primero llegar a la justicia y luego al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a través de procesos de fiscalización.

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En legislación tramitó en segundo debate diez proyectos de ley, de los cuales tres fueron archivados, tres constituyen reformas a leyes vigentes y cuatro originaron la creación de nuevas leyes.

Respecto a fiscalización se conocieron y procesaron seis solicitudes de juicio político, de ellos dos fueron archivados, en uno se censuró y destituyó, dos están en suspenso de definición y uno en proceso.

Proyecto de leyEstado de trámite
Proyecto de Ley Orgánica para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital.Negado y Archivado
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.Archivado
Proyecto de Ley para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados.Registro Oficial
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero.Archivado
Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de Predios que se encuentren en la circunscripción de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.En el Ejecutivo para su pronunciamiento
Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de ComunicaciónObjetado por inconstitucionalidades
Proyecto de Ley de Carrera Sanitaria.Publicado Registro Oficial
Proyecto de Ley Orgánica de Pagos en Plazos Justos, Primero las Mypes.En el Ejecutivo para su pronunciamiento
Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.Registro Oficial
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para Garantizar Presupuestos Incrementales en Salud y Educación.En el Ejecutivo para su pronunciamiento

Cinismo y bajo nivel

Lolo Echeverría, analista político, sostiene que desde la Asamblea se refleja es una “lucha a muerte” por someter a los organismos de control y existe un desvío de su deber que es la legislación y fiscalización.

No se preocupa de los problemas del país, como desempleo, la crisis, violencia, narcotráfico y seguridad ciudadana, donde tampoco el Ejecutivo y la justicia dan respuestas. Todos están entregados a discutir banalidades, afirma.

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Ya no es una política sana la que el ciudadano observa, sino una política “cínica y de bajo nivel” que se aprovecha de interpretaciones y trafasías donde ni siquiera guarda las formas, y eso es lo peor de la política, añade.

Uno de los ejemplos más evidentes es buscar e inventarse un mecanismo para aplazar una sesión para no dejar cerrado, antes de salir de vacaciones, el tema sobre el juicio político al Consejo de la Judicatura hasta poder encontrar los votos, ir al mercado de los votos a comprar los cinco que les falta; eso es “sinvergüencería y disfrazar eso con interpretaciones legales es una burla al país”, anota Echeverría.

Asamblea Nacional se enreda en la definición de la destitución y censura de tres vocales del Consejo de la Judicatura

Con el control de la justicia, lo que buscan el PSC y el correísmo es garantizarse impunidad porque tienen “rabo de paja”, y además les sirve como mecanismo de chantaje y arma política, afirma el columnista.

¿Pero de dónde sale esta “política cínica”? Echeverría responde que el origen está en los mismos partidos políticos que proponen malos candidatos, y si se continúa en esa tónica, advierte que pronto se estará eligiendo entre candidatos propuestos por las mafias y pandillas.

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La solución de fondo es rescatar a los partidos políticos, y el Ejecutivo debe tomar esto como un mecanismo de consulta popular y preguntar si el ciudadano aprueba que aquellos asambleístas que abandonan sus partidos o movimientos por los cuales fueron elegidos pierdan la curul. Esa sería una forma de castigar a la Asamblea y de paso el Gobierno pueda ganar la consulta.

Desde la cátedra, Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), reflexiona que para hacer un balance sobre la producción legislativa no solo hay que cuantificar las leyes aprobadas, sino también mirar el efecto cualitativo y determinar si las leyes son rellenos, sirven para algo o si generan eficacia y seguridad jurídica.

En este caso, lo aprobado en nueve meses de este año no cumple con esos parámetros, porque a la final son “parches” que no solucionan problemas estructurales.

En el caso de la actual Asamblea, lo que genera son leyes de corte populista para provocar aceptación ante su elector; por ejemplo, aprobó reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifican tres delitos para el narcotráfico organizado, y con ello, se embarcó en la agenda populista.

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En definitiva, el actual Parlamento no tiene un diagnóstico sobre lo que se necesita en el país, y existe un divorcio de la academia con la Asamblea. Las perspectivas de prioridades son diferentes.

En cuanto a la fiscalización, describe Ron, la Asamblea no va más allá de la visión informativa, en la que abundan los llamados a comparecencias y no sigue el rastro hasta encontrar un hallazgo que permita determinar responsabilidades. No pasa del escándalo, de la coyuntura, y los funcionarios informan y pasan el bache.

Tanto el PSC como UNES buscan llegar a la Judicatura, asegura Ron, porque después del Ejecutivo la función que más fuerza tiene en cuanto al poder fáctico no es la Asamblea Nacional, sino la administración de justicia, que al momento no goza de independencia interna ni externa, pues recibe presiones de altas y bajas magistraturas.

Pero por qué buscan la justicia, según Ron, a más de la impunidad, persiguen el poder que tiene la justicia por la cantidad de funcionarios que posee, renovación de jueces y notarios que brindan capital político de negociación oscura porque es negocio de puestos.

Luego del Ejecutivo, la justicia es la que más presupuesto tiene y por lo tanto, mayor poder para fabricar nichos de negocio o negociados. Y finalmente, el manejo interno jurisdiccional, esto es, acelera o desacelera los procesos con lo cual genera capital político también oscuro, destaca.

El exlegislador Héctor Muñoz observa que la estrategia del PSC y UNES desvía a la Asamblea de su objetivo central que es la legislación, y se empeñan en tomar el control absoluto del Parlamento para llegar hacia la justicia y el organismo encargado de designar a las autoridades de control.

De ahí que su esfuerzo se concentra en la forma de captar poder y se desconecta de las realidades de las personas y no existen respuestas a problemas de desempleo, reactivación económica, inversiones, salud, seguridad y narcotráfico.

Candidaturas

En medio de ese escenario, a nivel de todo el Parlamento, nueve legisladores dejaran sus curules para ir de candidatos a prefectos y alcaldes en el próximo proceso electoral de 2023, y tanto el PSC y UNES envían a las seccionales a ocho actuales asambleístas que tuvieron que renunciar a su curul.

Asambleístas se despiden porque se van como candidatos a prefectos y alcaldes

Cuatro legisladores se irán como candidatos a alcaldes: Pabel Muñoz, Alexandra Arce y María del Carmen Aquino (ella llegó a la curul por la aliaza Únete-PSC), todos en representación del movimiento Revolución Ciudadana; en cambio, el PSC inscribirá a Carlos Falquez para alcalde de Machala.

El único candidato a alcalde independiente que dejó su curul para postularse para las elecciones en febrero de 2023 es John Vinueza.

A nivel provincial, UNES apuesta a obtener representación en las prefecturas de Los Ríos con Humberto Alvarado; de El Oro, Carlos Zambrano; y, en Azuay postulará a Juan Cristóbal Lloret.

En tanto que Soledad Diab (PSC) terciará para la concejalía de Guayaquil. (I)