De cara a la segunda vuelta electoral, que se realizará este domingo 13 de abril, seis organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa exigen a los candidatos Daniel Noboa, por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, y a Luisa González, por la alianza Revolución Ciudadana-Renovación Total (RC-RETO), listas 5-33, a hacer un “compromiso público y concreto con la protección de la libertad de expresión en el país” en cinco puntos claves.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundamedios y Periodistas sin Cadenas alertaron sobre un presunto grave deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, en medio de una crisis de seguridad sin precedentes y crecientes restricciones al derecho a la información.

En una carta dirigida a los candidatos, las organizaciones advierten que el periodismo en Ecuador se enfrenta a una violencia persistente, estigmatización desde el poder, abusos judiciales, censura digital y limitaciones al acceso a información pública. Además, alertan sobre el riesgo de un retroceso democrático si se reinstauran mecanismos legales que atenten contra la libertad informativa, como la Ley de Comunicación vigente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

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“El periodismo libre e independiente está bajo amenaza constante”, subraya el pronunciamiento. “Muchos periodistas fueron agredidos, amenazados, forzados al exilio o al desplazamiento interno y, en algunos casos, asesinados. Muchos medios enfrentan censura, presiones económicas, bloqueos digitales y represalias por informar con independencia”, enfatizaron.

Las organizaciones llaman a Daniel Noboa y Luisa González a comprometerse con cinco acciones clave:

  • Respetar y proteger la labor periodística sin interferencias ni represalias.
  • Garantizar el libre acceso a la información pública y promover la transparencia estatal activa.
  • Abstenerse de utilizar el poder político o judicial para intimidar o perseguir a periodistas y medios.
  • Fomentar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, frente a la violencia del crimen organizado y los ataques en el entorno digital.
  • Rechazar todo intento de censura previa, criminalización o regulación punitiva del trabajo de la prensa.

Finalmente, las entidades firmantes advierten que la libertad de prensa es fundamental para la democracia y exigen a los futuros líderes del país que prioricen su defensa desde el primer día de su mandato. (I)