Este lunes 7 de febrero, cuatro senadores estadounidenses presentaron el proyecto de Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador de 2022 ante el Senado de ese país, con el fin de fortalecer la asociación bilateral “en apoyo a las instituciones democráticas y el Estado de derecho, la economía sostenible e inclusiva, y el crecimiento y la conservación”.

Los senadores que presentaron el proyecto son Bob Menéndez (DN.J.) y Jim Risch (R-Idaho), presidente y miembro de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, acompañados por los senadores Tim Kaine (D-Va.) y Marco Rubio (R-Fla.), presidente y miembro de más alto rango del Subcomité del Hemisferio Occidental.

El proyecto tiene veinte páginas con diez secciones, entre las que constan los siguientes títulos: facilitar los vínculos económicos y comerciales; promoción del desarrollo económico inclusivo; combatir las economías ilícitas, la corrupción y la influencia extranjera negativa; fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; y fomentar la conservación.

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En la segunda sección, el proyecto señala que Ecuador continúa enfrentando el desafío de un desarrollo económico inclusivo, considerando el alto costo económico de la pandemia del COVID; vulnerabilidades con respecto al financiamiento y refinanciamiento de la deuda con China; y la necesidad de desarrollar y fortalecer políticas económicas abiertas y transparentes que fortalezcan la integración de Ecuador con el mundo.

En la tercera sección, el documento señala que el Congreso de Estados Unidos debe tomar medidas adicionales para fortalecer la asociación bilateral con Ecuador, mediante el desarrollo de marcos sólidos de comercio e inversión; renovando las actividades de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid); y apoyando a Ecuador en la recuperación de la pandemia de COVID-19.

Además, el documento señala que la asociación bilateral es una oportunidad para avanzar en intereses y trabajo de seguridad nacional de Estados Unidos con otros socios democráticos para mantener un Occidente próspero, políticamente estable y democrático. “Hemisferio resistente a la influencia extranjera maligna”, dice el proyecto.

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En la sección cuarta, sobre “facilitar vínculos económicos y comerciales”, el proyecto propone que el secretario de Estado, en coordinación con el secretario de Comercio, el representante de Comercio de los Estados Unidos, el secretario del Tesoro y los jefes de otros departamentos y agencias federales desarrollen e implementen una estrategia para fortalecer los lazos comerciales y económicos; promover la cooperación y aumentar las oportunidades de comercio e inversión; apoyando los esfuerzos del Gobierno de Ecuador para promover una sociedad más abierta, transparente y un entorno empresarial competitivo, mediante la reducción de las barreras comerciales, la implementación de políticas para reducir los tiempos de negociación y agilizar las operaciones aduaneras.

Además, establecer marcos o mecanismos para revisar la sostenibilidad financiera a largo plazo y las implicaciones de seguridad de las inversiones extranjeras en Ecuador en sectores o servicios estratégicos; establecer procesos competitivos y transparentes de selección y adquisición de proyectos de infraestructura en Ecuador que promuevan la transparencia, la apertura, competencia, sostenibilidad financiera y adhesión sólida a los estándares y normas globales; desarrollar programas para ayudar al Gobierno del Ecuador a mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración aduanera a través de la digitalización.

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En la sección quinta, sobre “promover el desarrollo económico inclusivo”, el proyecto propone que la Usaid, en coordinación con el secretario de Estado y los jefes de otros organismos federales, departamentos y agencias, según corresponda, deberán desarrollar e implementar una estrategia y programas relacionados para apoyar el desarrollo económico inclusivo en todo el territorio nacional de Ecuador para facilitar un mayor acceso a los servicios públicos y financiación privada, inversiones de capital, subvenciones y análisis de mercado para pequeñas y medianas empresas.

También, deberán proporcionar asistencia técnica a los gobiernos locales para formular y promulgar leyes de desarrollo local, planes de inversión en comunidades indígenas y afroecuatorianas; conectando redes agrícolas rurales a consumidores en centros urbanos y mercados de exportación, incluso a través de la construcción de infraestructura, con programas de mantenimiento que están sujetos a auditorías y cuidadosamente diseñados para minimizar el potencial daño ambiental; se asociaría con los gobiernos locales, el sector privado y las organizaciones locales de la sociedad civil para proporcionar capacitación en habilidades de inversión; brindan alternativas legales y económicamente viables a la participación en economías ilegales; y conectar empresas pesqueras en pequeña escala a consumidores y mercados de exportación, con el fin de reducir vulnerabilidad a las redes criminales organizadas.

En la sección sexta, de “la lucha contra las economías ilícitas, la corrupción y la influencia extranjera negativa”, el proyecto propone que el secretario de Estado desarrolle e implemente una estrategia y programas relacionados para aumentar la capacidad del sistema de justicia ecuatoriano y de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para combatir las economías ilícitas, la corrupción, las transnacionales, las organizaciones criminales, a través de asistencia técnica y apoyo a unidades especializadas dentro de la Fiscalía General y otras instituciones; con el fin de recuperar activos derivados de corrupción y detectar transacciones financieras sospechosas para confiscaciones de activos y análisis criminal.

Además, proporcionar asistencia técnica en el fortalecimiento del marco regulatorio y material (radares, embarcaciones y equipo de comunicaciones) a la Policía y Fuerzas Armadas para interrumpir, degradar y desmantelar organizaciones involucradas en el tráfico ilícito de narcóticos, actividades delictivas transnacionales, minería ilícita y pesca ilegal, no reglamentada y no declarada; y para abordar los desafíos relacionados con el sistema penitenciario y correccional de Ecuador.

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También proporcionar asistencia técnica a los jueces, fiscales y defensores del pueblo para aumentar la capacidad de hacer cumplir las leyes contra el tráfico y la trata de personas, la minería ilícita, la tala ilegal, la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR) y otras actividades ilícitas; apoyar los esfuerzos para mejorar la transparencia, mantener la rendición de cuentas y desarrollar capacidades dentro de la Contraloría General de la República; mejorar la capacidad institucional y capacidades técnicas de las instituciones de defensa y seguridad de Ecuador para realizar misiones de seguridad nacionales o regionales, incluso a través de cooperación multilateral y financiamiento militar extranjero, educación y entrenamiento militar internacional.

Y mejorar la gestión portuaria y marítima para interrumpir, degradar y desmantelar las redes criminales transnacionales y facilitar el flujo legítimo de personas, bienes y servicios; fortalecimiento de la cooperación en ciberseguridad para ayudar a desarrollar e implementar arquitecturas de información que respeten los derechos de privacidad individuales y que reduzcan el riesgo de que los datos recopilados a través de tales sistemas sean explotados por actores estatales y no estatales “malignos”, evitando los ciberataques.

En la sección séptima, sobre “el fortalecimiento de la gobernanza democrática”, se propone que el secretario de Estado, en coordinación con el administrador de la Usaid, desarrolle e implemente iniciativas para fortalecer la gobernabilidad democrática en Ecuador, apoyando las medidas para mejorar la capacidad de las instituciones gubernamentales nacionales y subnacionales para gobernar a través de procesos transparentes, inclusivos y democráticos; los esfuerzos para mejorar la capacidad de los actores y partidos políticos para fortalecer instituciones democráticas y Estado de derecho; las iniciativas para fortalecer la gobernabilidad democrática, incluida la lucha contra los conflictos políticos, administrativos y la corrupción judicial y la mejora de la transparencia de la administración de los presupuestos públicos; y los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y medios independientes para realizar la supervisión del Gobierno y de la Asamblea Nacional.

Además, el proyecto sugiere que la Usaid desarrolle e implemente programas para fortalecer la Asamblea Nacional del Ecuador; y que facilite encuentros y colaboración entre los miembros del Congreso de los Estados Unidos y la Asamblea Nacional de Ecuador.

En la sección octava, de “fomento de la conservación”, el proyecto propone que el administrador de la Usaid, en coordinación con el secretario de Estado y los jefes de otros organismos federales, desarrollen e implementen programas para mejorar la conservación del ecosistema y mejorar la administración efectiva de los recursos naturales de Ecuador, a través de asistencia técnica al Ministerio de Ambiente y con la participación de las comunidades indígenas y afroecuatorianas.

En un comunicado de prensa de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Menéndez y Risch recalcaron que el proyecto es un esfuerzo bipartidista, es decir, presentado por senadores demócratas y republicanos, en el Senado de ese país.

Menéndez dijo que el proyecto de ley establece una visión a largo plazo para el fortalecimiento de la relación entre Estados Unidos y Ecuador, y delinea el apoyo de ese país a Ecuador para “enfrentar desafíos actuales”.

Risch dijo que “Ecuador ha dado pasos importantes en restaurar políticas económicas favorables al libre mercado y de sus instituciones democráticas”, y que el proyecto “fomenta la cooperación bilateral para promover la prosperidad económica y la estabilidad regional a través de lazos comerciales más fuertes y una mayor transparencia, el respeto del Estado de derecho y la resistencia contra las influencias malignas estatales y no estatales”.

Kaine recordó que en julio del 2021 encabezó una delegación bipartidista del Congreso a Ecuador para subrayar el compromiso de Estados Unidos con la relación bilateral y para abordar cuestiones que afectan a las dos naciones.

“En un momento en que los países de nuestra región están dando un giro radical hacia Gobiernos antiamericanos, es esencial que redoblemos nuestros esfuerzos para apoyar a los aliados proestadounidenses en nuestro hemisferio. (...) Ecuador es un gran socio democrático y, a través de este esfuerzo, estamos reiterando nuestro apoyo bipartidista inquebrantable a nuestra relación bilateral”, agregó Rubio.

A través de comunicados oficiales, la Cancillería de Ecuador y la Embajada de Ecuador en Estados Unidos expresaron el apoyo a este proyecto.

“El liderazgo bipartidista de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos introdujo un proyecto de ley para fortalecer de manera decisiva la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos. Este es un hito sin precedentes, ya que es la primera vez que el Congreso de Estados Unidos genera una legislación exclusiva para incentivar el fortalecimiento de las relaciones con Ecuador”, señala el comunicado de Cancillería.

La Cancillería calificó como una “gran noticia para Ecuador” la presentación del proyecto y dijo que se dio gracias al “esfuerzo” de la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, quien también agradeció a los senadores de EE. UU. en otro comunicado.

Baki dijo que toman la presentación del proyecto como “un gesto” de un país aliado de Ecuador, que está dispuesto a “apoyarlo para sacar adelante no solo los retos conjuntos, como el crimen organizado internacional y la gestión del medioambiente, sino también para consolidar el giro democrático que ha experimentado el país”.

Mientras tanto, en Twitter, el canciller Juan Carlos Holguín compartió la noticia y señaló que esta comisión del Senado estadounidense ha aprobado de forma unánime el proyecto de ley para fortalecer la relación con Ecuador. (I)