La vocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes presentó por escrito sus pruebas de descargo dentro del juicio político que se sigue en su contra, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, y refutó que las acusaciones en su contra están “alejadas de la realidad”.
La funcionaria es señalada por el asambleísta oficialista Fernando Jaramillo (ADN) de un supuesto boicot en la creación de un reglamento para la selección de jueces constitucionales.
El 16 de abril de 2025, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, convocó a sesión del pleno con el objeto de conocer y aprobar el reglamento para la selección de jueces constitucionales, cuyo instrumento tiene como objetivo viabilizar la voluntad del soberano erigida como obligatoria.
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En un documento de 82 páginas, Solanda Goyes repasó los inconvenientes que ha tenido el órgano de administración de justicia para elaborar el reglamento para la selección de los magistrados especializados y las propuestas que desde su despacho ha emitido, pero que no fueron acogidas.
“El camino de este reglamento es tortuoso y no incorpora los criterios de especialización, experiencia, probidad y paridad; no se acogió nada de las observaciones y los textos presentados por la vocalía por mí presidida, y nunca se socializó con los sectores involucrados: academia, colegios de abogados, jueces, universidades”, dice la contestación.
En este marco, la vocal del Consejo de la Judicatura recordó lo sucedido en el pleno el 16 de abril, cuando abandonó la sesión; y lo ocurrido el 22 de abril, cuando no asistió a la reinstalación, en la que se buscaba votar por el reglamento.
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En este sentido, Goyes refutó que “en ningún momento la normativa constitucional o legal establece obligación de votar por propuestas que un vocal cuestiona”.
“El exigir el cumplimiento de la especialidad en la designación de jueces y juezas de garantías constitucionales no es una formalidad o capricho, es el cumplimiento del artículo 181 numerales 3 y 5 de la Constitución, así como el dictamen 1-24-RC/24 de la Corte Constitucional del Ecuador”, dice el documento.
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De esta manera, la funcionaria judicial aclaró que “el negarse a votar por una propuesta que se considere ilegal e inconstitucional en ningún caso puede ser considerado incumplimiento de funciones”.
Solanda Goyes criticó que el legislador Fernando Jaramillo “desconoce el orden jerárquico de aplicación de las normas y trata de poner en el mismo nivel las funciones que establecen la Constitución y la Ley con las de normativas administrativas infralegales, para de manera maniqueísta tratar de forzar la argumentación de incumplimiento de funciones”.
Por su parte, el asambleísta de ADN argumentó que Goyes incurrió en un manifiesto incumplimiento de sus funciones al dejar sin quorum una sesión de trascendencia y no asistir a su reinstalación.
“Esto denota una notoria incapacidad y a todas luces una clara intención de obstruir la ejecución de los fines para los cuales se convoca el pleno del Consejo de la Judicatura”, sustentó Jaramillo.
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El trámite de juicio político se encuentra en la fase de presentación de pruebas de cargo y descargo, en la Comisión de Fiscalización, presidida por el legislador oficialista Ferdinan Álvarez. (I)
