El superintendente de Compañías, Marco López Narváez, será sometido a un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional y estaría al borde de una destitución por parte de la Corte Constitucional, advirtió el asambleísta Leonardo Berrezueta, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).
Berrezueta, representante de Azuay, señaló que la máxima autoridad de la Superintendencia de Compañías “estaría al borde de la destitución por parte de la Corte Constitucional por incumplimiento de sentencia por temas laborales” y dijo que investigará un tema que afecta a la seguridad nacional en la cobertura de seguros de los radares de Montecristi que fueron objeto de vandalismo.
Incumplimiento de sentencia
Respecto del tema de incumplimiento de sentencia, el legislador Berrezueta explicó que el año pasado se realizó una reestructuración de personal en la Superintendencia, en donde se cambió a varios servidores públicos de una denominación a otra sin su autorización y de manera arbitraria, en algunos casos, bajándoles de categoría. Este grupo de casi 30 funcionarios, relató, acudieron a la justicia constitucional y presentaron una acción de protección con medidas cautelares y el juez dio la razón en dos instancias a los trabajadores.
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La sentencia de segunda instancia salió el 15 de enero de 2024, en la que se ordena a la Superintendencia que restituya a los servidores a sus puestos originales y que no se vulneren sus derechos.
Desde el 15 de enero, añadió el legislador, el superintendente no aplica la sentencia constitucional, y más allá de una posible sanción de destitución por incumplimiento de sentencia, estaría incluso en un tema penal.
.@LeoBerrezueta (RC), advierte que el Superintendente de Compañías,Marco López, podría ser destituido y que será fiscalizado por no ordenar a Interoceánica el pago total de seguros por los radares de Montecristi y permitir la escisión de inmobiliaria del Sol. @eluniversocom pic.twitter.com/gLrGydBlo3
— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) July 4, 2024
Cobertura radares Montecristi
El asambleísta representante del Azuay inició un proceso de fiscalización sobre un tema que afecta a la seguridad nacional y que tiene relación con la cobertura de seguros de los radares de Montecristi en Manabí, que fueron objeto de vandalismo.
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La empresa Interoceánica es la que tiene a cargo la póliza de cobertura de todo riesgo de los radares con el Ministerio de Defensa. En el caso de los radares de Montecristi la Superintendencia ordena a Interoceánica pagar solo $ 5´000.000 por el siniestro, cuando el valor total es de $ 7´200.000, dijo.
El Ministerio de Defensa interpuso acciones legales en contra de Interoceánica, y “la aseguradora se niega a pagar porque alegan que tienen la venia del superintendente de Compañías”, afirmó Berrezueta, quien dijo que la acción de la máxima autoridad de la Superintendencia perjudica los intereses del Estado y deja en grave situación al Ministerio de Defensa con la cobertura parcial del tema del radar.
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Indicó que dentro de todo esto hay una causal para que con este tipo de situaciones entre en un proceso de disolución y liquidación la empresa de seguros, pero el superintendente se limitó a dictar una resolución en la que destituye a los directivos de la empresa Interoceánica y no ordena la intervención de la institución para una disolución o una posible liquidación. Pero aun así, esta resolución de destitución tampoco se cumple y los directivos de la empresa Interoceánica siguen en los cargos.
El legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana dijo que ya tiene toda la información del caso y que está pidiendo formalmente para que entreguen oficialmente la documentación tanto de los trabajadores como de los seguros de los radares de Montecristi con la empresa Interoceánica.
Escisión de inmobiliaria
Un tercer caso por el que será fiscalizado el superintendente de Bancos es el proceso de escisión de la inmobiliaria del Sol en Guayaquil. Esta empresa, explicó Berrezueta, pertenece al consorcio Nobis, de la tía del presidente de la República, y la junta general de accionistas resuelve escindir la empresa, es decir, dividirla, para transformarla en una SAS a una parte de la empresa, donde una parte se queda como sociedad anónima y otra se convierte en una SAS.
En este caso, que será objeto de fiscalización, hay dos temas, primero, hay una prohibición legal de escindir una empresa que está emitiendo temas de valores en la bolsa de valores, pues el Código Orgánico Monetario y Financiero lo prohíbe y la Ley de Mercado de Valores lo prohíbe. Y frente a ello, la Superintendencia a cargo de Marco López Narváez no actúa y deja pasar. Aquí el tema es que las personas que han comprado esas acciones en el mercado bursátil estarían siendo víctimas de una presunta estafa por tener acciones sin respaldo de activos.
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Berrezueta anunció que pedirá información sobre todo este caso y será motivo de fiscalización y no descartó el inicio de un juicio político por incumplimiento de funciones. (I)
