Tribunal del caso Las Torres ingresa en fase de deliberación; Pablo Celi pide ser declarado inocente y víctima de una ‘confabulación penal’

Desde la noche del jueves último, el juez Walter Macías y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, todos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ingresaron en fase de deliberación en el caso Las Torres. Los magistrados lo hicieron luego de escuchar las pruebas presentadas en 44 días de audiencia de juzgamiento por la Fiscalía, Procuraduría, Petroecuador y las defensas de once personas acusadas del delito de delincuencia organizada.

Poco después de las 22:00 del jueves último, la diligencia fue suspendida por el juez Macías, presidente de la Sala de Juicio, que advirtió que no existe un límite de tiempo para que los jueces analicen todas las hipótesis y pruebas presentadas por los sujetos procesales. Además de los once acusados y las tres instituciones acusadoras, el caso cuenta con un expediente de cerca de 800 cuerpos

Una vez concluida la práctica probatoria y los alegatos de cierre, el Tribunal dio paso a que los acusados hagan uso de su derecho de última palabra, es decir, los procesados tenían la oportunidad de dirigirse a los jueces por cinco minutos para hablar del caso. Solo ocho de los llamados a juicio hicieron uso de ese derecho, el resto estuvo de acuerdo con lo dicho por sus abogados en audiencia.

Caso Las Torres: Fiscalía pide que el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, sean condenados a 13 años y 4 meses de cárcel

Entre quienes decidieron hablar estuvo el excontralor Pablo Celi. Él aclaró que hacía uso de su derecho de última palabra para poner en consideración de los jueces una serie de elementos en los que sustenta su exigencia de que se lo declare inocente.

“Aquí no se ha probado absolutamente nada. Lo único que se ha probado es una confabulación penal fraudulenta, ejercida por la fiscal general Diana Salazar, con una acusación sin pruebas, donde no concurre ningún elemento de un tipo penal jurídicamente insostenible. Se ha recurrido a una teoría del caso absolutamente errática, donde se parte del absurdo de un acuerdo tácito entre desconocidos, donde no hay estructura, no hay comisión de delitos finales, no existen beneficios económicos probados de ningún tipo, no existen nexo entre hechos y actuaciones”, apuntó.

Un día antes, como parte de los alegatos de cierre de la Fiscalía, Salazar pidió al Tribunal que condene al excontralor Celi y al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores a la pena máxima del delito de delincuencia organizada, más agravantes, es decir, 13 años y 4 meses de cárcel. Ambos son ubicados como líderes de la organización y autores de la delincuencia organizada investigada.

“Este es un hito en la historia de nuestro país porque por primera vez se está juzgando en igualdad de condiciones a autoridades que se encontraban en funciones y me refiero al excontralor general del Estado (Pablo Celi). Nadie está sobre la Ley”, indicó Salazar.

Según la fiscal general, una vez culminada la evacuación probatoria “no ha quedado duda alguna de la supremacía que ha tenido el interés privado sobre el servicio público, con el único fin de beneficiarse económicamente arrastrando a las instituciones del Estado: a la Contraloría, la Secretaría de la Presidencia de la República y a Petroecuador, a la más intolerable corrupción y delincuencia”.

El excontralor Celi aseguró que contra él se ha dado un montaje. Calificó a la fiscal Salazar de una “farsante” que hizo un “uso corrupto del caso para perseguir por sus intereses políticos”. En ese marco pidió al Tribunal que actúe en derecho, en apego a la verdad procesal, para que se lo declare inocente y víctima de una “confabulación penal” que, adelantó, denunciará en instancias nacionales e internacionales.

La acusación fiscal incluyó el pedido a la Sala para que Esteban Celi, hermano del excontralor, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones, sean sancionados con una pena de siete años de prisión al haber cometido acciones de colaboración.

Para Natalia Cárdenas y Mauricio Orellana, ambos exfuncionarios de Petroecuador, la fiscal Salazar solicitó la pena de 9 años de prisión; mientras que para la procesada Martha Barrezueta, al haberse acogido a la figura de cooperación eficaz, Salazar pidió se le imponga una pena reducida en un 90 %, es decir, una condena de seis meses de privación de la libertad.

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Barrezueta también hizo uso del derecho de última palabra para asegurar que es inocente, pues dijo no haber sido “consciente” de que el dinero que le entregó el exfuncionario de Petroecuador sentenciado en Estados Unidos por corrupción, Raúl de la Torre, provenía de coimas. Esta procesada es esposa de Roberto Barrera, empresario inmobiliario que también fue sentenciado junto a De la Torre en Estados Unidos.

En lo que tiene que ver con la multa, la Fiscalía pidió para los líderes de la organización que se defina el pago de 40 Salarios Básicos Unificados (SBU) ($ 17.000), mientras que para los colaboradores 20 SBU ($8.500). Para Barrezueta se pidió la cancelación de 2 SBU ($ 850) como multa.

Respecto a la reparación integral, la fiscal Salazar solicitó se pague a favor de la Procuraduría General la cantidad de $ 4 millones, los cuales serán cancelados de manera proporcional por todos los partícipes de la infracción, a excepción de Martha Barrezueta, por su calidad de cooperadora eficaz.

A más de los valores establecidos, la fiscal general pidió que a Pablo y Esteban Celi se les imponga el pago de $ 500.000; en cambio para el exgerente Flores se solicitó se imponga pague la cantidad de $ 336.000.

Lo que resta es que el Tribunal de Juzgamiento tome una decisión sobre la culpabilidad o no de los procesados y convoque para la reinstalación de la audiencia en la que se escuchará la decisión oral que adopten. Como mínimo un mes creen que se demoren los jueces en analizar la gran cantidad de elementos expuestos en audiencia. (I)