“La Asamblea Nacional, único juez natural del presidente y vicepresidenta, acaba de certificar y reiterar mi actual condición legítima y legal ante los ecuatorianos como la vicepresidenta constitucional de la República”, escribió en redes sociales Verónica Abad este jueves, 3 de abril.

La vicepresidenta compartió una imagen que muestra un oficio de la Asamblea Nacional, emitido el martes, 1 de abril, y firmado por el secretario general, Alejandro Muñoz.

El documento certificaría la postura de la Asamblea y reconocería que no se ha destituido a Abad tras la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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Daniel Noboa designa a Cynthia Gellibert como vicepresidenta de la República; mientras tanto, Verónica Abad habla de un ‘golpe de Estado judicial’

“Por disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional y de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito informar lo siguiente:

1.- Se certifica que no ha existido cesación del cargo, ni se ha tramitado ni resuelto proceso alguno de cesación o terminación de funciones en su contra, en aplicación del artículo 145 de la Constitución de la República del Ecuador, ni se ha declarado causal constitucional que afecte la vigencia de su mandato por parte de la Asamblea Nacional.

2.- No existe, por parte de la Asamblea Nacional, resolución de destitución alguna, ni se ha declarado falta definitiva, abandono del cargo, renuncia aceptada o ausencia por dictamen médico, conforme las causales previstas constitucionalmente.”

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La noche del viernes, 28 de marzo del 2025, quedó en firme la suspensión de los derechos políticos por dos años de Verónica Abad una vez que el TCE evacuó el recurso de aclaración y ampliación a la sentencia que puso su defensa.

En primera y segunda instancia se ratificó la responsabilidad de la vicepresidenta por esta infracción electoral muy grave, descrita en el Código de la Democracia.

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Abad fue denunciada por la canciller Gabriela Sommerfeld de haber cometido violencia política de género en su contra. Además de la suspensión de los derechos políticos, Abad debe pagar una multa y pedirle disculpas a Sommerfeld. (I)