Wilman Terán y Maribel Barreno son llamados a juicio como autores directos de obstrucción de la justicia

Luego de una semana de deliberación, el conjuez Julio Inga, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) decidió llamar a juicio al expresidente y a la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán y Maribel Barreno, en calidad de autores directos del delito de obstrucción de la justicia, dentro de lo que se ha conocido como el caso Independencia Judicial.

En la etapa de juzgamiento los dos exfuncionarios judiciales deberán defenderse de las acusaciones hechas por la Fiscalía, de tener relación con actos que condujeron a evitar, mediante sanciones de suspensión y destitución, que el entonces juez de la CNJ, Walter Macías, no siga frente al caso Las Torres, en el que eran procesados el excontralor general Pablo Celi, su hermano y otros, y el relacionado con un tráfico de influencias que tenía que ver con los hoy exvocales Barreno y Juan José Morillo y el exjuez de Pichincha Vladimir Jhaya.

“Por dos ocasiones se impidió que un juez competente, sorteado conforme a la ley, actuara libremente en el proceso en su reconocimiento, con interferencias ilegítimas y a través de actos destinados a intimidarlo -su suspensión, por ejemplo-. Dichas ilegitimidades surgieron con el pretexto de ejercer la potestad administrativa y disciplinaria que ostenta el CJ”, aseguró la Fiscalía durante la larga jornada en la que presentó 165 elementos de convicción comunes y específicos contra los sospechosos.

Tras casi 16 horas de audiencia, la madrugada del domingo 21 de julio, en la segunda reinstalación de la diligencia preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial, el conjuez Inga suspendió audiencia y entró a deliberar su decisión.

Wilman Terán asegura que no existe delito en el caso Independencia Judicial y que ‘repetiría una y mil veces’ su accionar administrativo

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, pidió hace más de una semana que sean llamados a juicio Terán y Barreno como autores directos del delito investigado; mientras que como cómplices, a Andrés J., secretario general (e) del CJ; Carlos G., subdirector nacional de Control Disciplinario de la Judicatura; Katherine L., subdirectora nacional de Gestión de Procesos del pleno del CJ; los funcionarios y exfuncionarios judiciales Milton A. y Santiago C., Liberton Santiago C., Jessica Ch., Milton H. y Olga V.

El conjuez Inga para llamar a juicio a Terán acogió lo manifestado por la Fiscalía en su acusación, en cuanto a que el hoy expresidente de la Judicatura, ejerciendo su posición de mando, pretendió interferir de manera ilegítima en contra de la actuación del juez Macías, quien conocía un caso por tráfico de influencias en contra de la exvocal Barreno.

Para esto, señaló Toainga, se habría utilizado una denuncia presentada por Esteban Celi de la Torre, se dispuso a Marcela Vaca, subdirectora de control disciplinario, que de manera urgente haga un informe con recomendaciones de suspensión, que posterior fue conocido por el mismo, el pleno del CJ y con dos votos de cinco posibles, suspendió a Macías. Posteriormente, a través de sus asesores, quienes direccionaban y gestionaban lo concerniente al proceso disciplinario del juez Macías, el 19 de agosto de 2023 se destituyó a dicho juez, “ejecutando una práctica similar en cuanto a la votación, interfiriendo para que el juez Macías no instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio” en el caso por tráfico de influencias contra la exvocal del CJ Maribel Barreno.

El conjuez Inga realizó una precisión en cuanto a que no está en discusión la legalidad de los actos administrativos, pues aquello pertenece a la esfera contencioso-administrativa.

“Lo que es realmente importante recae en la injerencia y el apersonamiento indebido de un determinado proceso disciplinario a fin de apartar a un juez de un proceso específico. Así tenemos que, inclusive, el mismo procesado (Wilman Terán) ha hecho referencia a que cuando llegaron a su conocimiento varios hechos del doctor Walter Macías, él, de manera personal, solicitó que sean revisados esos expedientes y además realizó seguimiento de aquello a través de sus asesores, inclusive, mantuvo reuniones para realizar correcciones de los informes pertinentes, situación que es verificable con los elementos de convicción detallados”, anotó Inga.

Aclaró el conjuez que aquellos eventos no son atinentes a las funciones propias del CJ, puesto que, señaló, una cosa es conocer y resolver aquellos expedientes disciplinarios a su conocimiento y de manera orgánica, es decir, siguiendo el debido proceso administrativo, y otra, muy diferente, es que se direccione, obligue a los funcionarios de la Judicatura a tramitar tal o cual proceso e inclusive realizar correcciones y observaciones a los informes técnicos. “Aquella situación es evidente que recae en la esfera de la intimidación”.

En lo que respecta a la exvocal Maribel Barreno, el conjuez Inga sostuvo que el punto nuclear de la presente discusión se centra en el uso abusivo de las potestades otorgadas por la ley a los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas, en este caso como vocales del Consejo de la Judicatura. En este sentido, apuntó el magistrado, en cuanto a las actuaciones realizadas por la procesada Ruth Barreno, tanto Fiscalía como los demás sujetos procesales han coincidido en que la resolución del juez Macías se dio con apenas dos votos de cinco posibles, existiendo las abstenciones de la entonces vocal Ruth Barreno, así como del hoy exvocal Juan José Morillo.

“En cuanto a la participación de la procesada Ruth Barreno, aquello no está en discusión, por el contrario, lo que se atribuye a ella es ejercitar acciones tendientes a manejar, si cabe el término, que aquellas decisiones de suspensión y destitución se efectivicen. (...) No está en discusión que la participación de la procesada no radica en haber emitido votaciones afirmativas, cuestiones que de hecho, según lo manifestado por la defensa de la procesada, no se tomen en consideración, sino que en la sesión de destitución su votación afirmativa permitió dar paso a una reconsideración y que posterior concluyó en la destitución del juez nacional Walter Macías”.

El análisis para llamar a juicio a Barreno se basó en los testimonios rendidos y versiones de Olga Natalia Vivanco, así como de Cristian Gómez, quienes dijeron que la vocal Ruth Barreno mantenía el control de todo aquello que ocurría en lo que respecta a los procesos disciplinarios de Walter Macías e incluso exigía coordinar y supervisar con los asesores de su despacho, cuestión que sería concordante con lo manifestado en los testimonios anticipados de Marcela Vaca Villota y Álex Palacios.

Tanto para Barreno como para Terán, el conjuez Inga dispuso que se mantengan las medidas cautelares personales y reales que al momento están vigentes.

Las respuestas de las defensas

Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, Terán, quien fue traído desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, ejerció su propia defensa; mientras que Barreno mantuvo como abogado a Christopher Gallegos. Ambas defensas aseguraron que en este caso no existe delito y que en ninguna forma el fiscal Toainga presentó elementos de convicción que le lleven al conjuez Inga a resolver que es necesario que sean llamados a juicio.

Los abogados de los restantes procesados en calidad de cómplices solicitaron que se emita un auto de sobreseimiento, pues, con diferencia en sus fundamentos, refirieron que ninguno participó en ilegalidad alguna. Varias de esas defensas piensan que sus clientes han sido involucrados con base en testimonios anticipados de exfuncionarios judiciales y coprocesados que por buscar bajar su pena “mintieron”.

Hace más de un mes en este mismo caso ya fue sentenciado a nueve meses de cárcel el exvocal del CJ Xavier Muñoz. Él no solo se acogió al procedimiento abreviado, luego de reconocer que participó en los hechos ilícitos de los que lo acusó la Fiscalía, sino también fue beneficiado por una rebaja de la pena por la cooperación eficaz que entregó la justicia para esta y otras causas que están siendo investigadas por la Fiscalía.

Respecto de la exfuncionaria judicial Marcela Vaca, también investigada en 120 días de instrucción fiscal, recibió un dictamen abstentivo

Los hechos por obstrucción de la justicia investigados

La investigación en este caso se inició en 2022, por el presunto cometimiento del delito de tráfico de influencias contra los exvocales de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno, por la que posteriormente se solicitó fecha para la formulación de cargos ante la Corte Nacional.

Luego del sorteo correspondiente, la competencia para tramitar dicha causa recayó en el juez Walter Macías Fernández, quien señaló la audiencia para el 4 de mayo de 2023, pero no se instaló, debido a que un día antes (3 de mayo) Maribel B. presentó una demanda de recusación en su contra.

Sin embargo, el 11 de mayo de 2023, los integrantes del pleno del Consejo de la Judicatura suspendieron de sus funciones al mencionado juez, amparados en los informes técnicos y memorandos emitidos por sus subalternos, a pesar de que –horas antes– la demanda de recusación fue rechazada.

El 8 de marzo de 2023 se presentó una denuncia administrativa en contra del juez Walter Macías, en el marco del denominado caso Las Torres, por una supuesta infracción al no haber informado al presidente de la Corte Nacional la demanda de recusación en contra del juez Adrián Rojas (juez del Tribunal de dicha causa) y la emisión de la sentencia oral cuando se encontraba suspendida la competencia de este último, sin que la sentencia del juicio de recusación se encuentre ejecutoriada.

El Consejo de la Judicatura calificó a esta denuncia administrativa como “infracción gravísima” y destituyó al juez Macías. Esa decisión fue tomada con dos votos favorables de los cinco posibles –correspondientes a los vocales (5) que conforman el pleno– en una sesión marcada por irregularidades. (I)