Yaku Pérez y cuatro dirigentes sociales son investigados por presunta asociación ilícita

Cinco dirigentes sociales y activistas ambientalistas son investigados por el delito de asociación ilícita y las primeras comparecencias se realizaron la mañana de este lunes, 10 de noviembre.

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Entre los investigados están defensores del agua y dirigentes sociales del Azuay: Yaku Pérez, coordinador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y excandidato presidencial; Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Azuay (FOA); Óscar Reinoso, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); Édison Déleg y Sebastián Cevallos, del Frente Popular.

Los señalados declararon ante la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de la solicitud del fiscal Severo Edgardo Ríos.

En un comunicado, la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay informó que, tras su comparecencia, Lauro Sigcha aseguró que continuarán defendiéndose en este caso.

“Estamos ante un Gobierno represor que se dedica a perseguir a los defensores del agua”, dijo el dirigente.

Por su parte, Yaku Pérez sostuvo que “este no es el único proceso judicial en su contra ni en contra de Sigcha, ya que ambos enfrentan también acusaciones por daño a bien ajeno y paralización de servicios públicos”.

Además, advirtió que podría abrirse un nuevo proceso impulsado desde el Gobierno tras el archivo de la denuncia por tráfico de influencias presentada por las organizaciones del Azuay.

La FOA detalló que las organizaciones sociales del Azuay y de otras provincias “alertaron sobre una estrategia de criminalización y persecución política contra quienes defienden los derechos del pueblo y de la naturaleza”.

A su vez, la FOA hizo un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y organismos de derechos humanos a mantenerse vigilantes frente a estos hechos.

Los procesos de investigación en contra de los dirigentes sociales se iniciaron durante los 31 días del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel y las políticas del gobierno del presidente Daniel Noboa. (I)