Cuatro personas implicadas en el crimen del dirigente barrial del Comité de Los Ceibos, Javier Rosero, han sido llamadas a juicio por su presunta participación en el caso.

El pasado 13 de enero, Rosero fue atacado cuando se movilizaba en un vehículo en compañía de su esposa por la av. del Bombero, previo a ingresar a Los Ceibos. Varias personas que iban en una moto y otro vehículo estuvieron involucradas en el atentado, según las indagaciones.

Un día después del crimen, la Policía informó de la aprehensión de siete personas que supuestamente cumplieron distintos roles, desde el alquiler de vehículo para los atacantes hasta la ejecución de los disparos.

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En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el agente fiscal a cargo de la causa presentó los elementos de convicción recabados sobre la presunta responsabilidad contra cinco procesados en el hecho, ocurrido el pasado 13 de enero.

Por ahora, según la Fiscalía, el juez acogió el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a Víctor S. R. (en el grado de autor) y a Roberth A. N., Andy L. Q. y Robert J. S. (presuntos coautores). A ellos se les ratificó la prisión preventiva.

Según las indagaciones preliminares, los llamados a juicio participaron como conductor de vehículo, coordinación y ejecución del ataque.

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En cambio, el magistrado ratificó el estado de inocencia de Edison Q. B., por considerar “insuficientes los elementos de convicción presentados contra él”, se indicó.

A Edison Q. se lo había señalado como la persona que había alquilado uno de los carros involucrados en el ataque.

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Entre los elementos presentados por Fiscalía constan los informes investigativos, los reportes telefónicos de los celulares de los procesados y la experticia realizada a los videos de las cámaras de seguridad de viviendas y otras arterias viales cercanas al lugar del asesinato.

Javier Rosero, dirigente asesinado en Los Ceibos, no había recibido amenazas, dijo su familia a la Policía

Además, el acta de levantamiento de cadáver y autopsia realizado a la víctima, el de reconocimiento del lugar de los hechos, la denuncia y testimonio de los familiares del occiso, entre otros.

Tras el crimen del dirigente, personal policial desplegó sus unidades para dar con la ubicación de los atacantes y además de dos vehículos que habrían estado inmersos en el hecho delictivo, armas de fuego y municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares, ropa, entre otros indicios que estarían relacionados al crimen.

Los investigados son procesados por el delito de asesinato, que se sanciona con 22 a 26 años de cárcel, según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (I)

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