‘La autonomía militar debe controlarse’: en cita, especialistas analizan caso de los menores de Las Malvinas

Hubo lleno total en el auditorio Vicente Rocafuerte de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil este 5 de junio. El motivo fue el conversatorio organizado para analizar desde lo social, militar y jurídico el caso de los menores de Las Malvinas.

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Ismael, Steven, Nehemías y Josué, también conocidos como los cuatro de Guayaquil, fueron interceptados por una patrulla militar el 8 de diciembre anterior y abandonados en Taura.

Luego, el 24 de ese mes, sus cuerpos fueron hallados incinerados en un río de esa misma parroquia de Naranjal. Sin embargo, debido al estado de los cuerpos, apenas el 31 se los identificó.

En este espacio intervinieron dos abogados, un militar retirado y una trabajadora social, quienes dieron sus perspectivas sobre el tema que conmocionó al Ecuador en diciembre de 2024. Han pasado seis meses de lo sucedido y para el 10 de junio está programada la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio contra 17 militares, investigados por desaparición forzada de los menores.

Luis Altamirano, como excomandante general del Ejército, expuso al menos cinco problemas con el que lidian las Fuerzas Armadas (FF. AA.) actualmente.

El experto mencionó que hay una política de seguridad reactiva, patrullajes de carácter masivo sin mayor inteligencia militar, marco legal difuso, mensajes que invitan al uso de la fuerza como solución al problema y una politización de las FF. AA.

“Si hay una excesiva autonomía militar no vamos a tener una posibilidad de que estos hechos no se vuelvan a repetir”, aseguró Altamirano, sobre el panorama que nos esperaría como sociedad. Lo importante, como dijo, es que esta sintomatología no avance más, porque así solo se debilita el control civil militar.

En esa misma línea, el abogado especialista en derecho penal Gustavo Gaete recordó que la desaparición forzada que se investiga es imprescriptible y es un delito permanente. También enumeró los derechos constitucionales de los menores que fueron vulnerados: el no contar con un abogado, el permanecer incomunicados, el no conocer las razones de la detención. Nada de eso tuvieron, dijo.

Ya desde el aspecto social, la abogada especialista en derechos humanos Soledad Angus habló de que estos cuatro menores fueron “víctimas propiciatorias”. Se refiere a que “son víctimas que reciben un daño, pero el Estado y la sociedad no se enfocan en el daño que recibieron, sino en qué culpa tienen en haber contribuido a que ese daño se produzca”, detalló.

Además, Angus mencionó que durante el 2024 hubo “una corriente muy fuerte respecto de la necesidad de endurecer las penas para niños y adolescentes”.

De acuerdo con una investigación propia, ante la Asamblea Nacional se presentaron tres proyectos de ley que tenían como único objetivo reducir la edad con la que los menores pueden ser condenados.

A la par, la trabajadora social Ana Quevedo enfatizó en que estas víctimas “no fueron detenidas por cometer un delito, sino por existir en un cuerpo racializado, por existir dentro de un territorio precarizado”.

Lo más preocupante para ella es que frente a esto se ha evidenciado un aplanamiento social, donde resalta: “Nos volvemos insensibles y la solidaridad se debilita”. (I)