Tres jóvenes han sido rescatados en los últimos 12 meses de centros de ‘deshomosexualización’

Cuatro hombres corpulentos, el 19 de abril, interceptaron en un barrio de Quito a Jean Pierre cuando llegaba a la casa de sus padres para recoger sus cosas e independizarse.

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Lo tomaron por los brazos y las piernas y, pese a que gritaba pidiendo auxilio, lo llevaron hasta un vehículo y lo trasladaron a un centro de rehabilitación de Cotacachi, en Imbabura, donde supuestamente se le iba a dar un tratamiento para “corregir su orientación sexual”.

La escena fue grabada en video: la víctima, de 26 años, gritaba que llamaran a la Policía, que lo ayudaran.

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La denuncia por su desaparición la puso unos días después una amiga de Jean Pierre. Ella aseguró que, por su orientación sexual (es gay y tiene pareja), su amigo habría sido encerrado por autorización de su familia.

Al día siguiente de que se puso la denuncia, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) colgó en sus redes sociales un afiche con la foto de Jean Pierre.

Unas horas después, Linda Rueda, presidenta de Asfadec, dijo que se contactaron con ella los familiares del joven y le pidieron que retirara el afiche; le indicaron que él no estaba desaparecido, sino que había sido llevado a una clínica porque supuestamente tenía problemas de adicción.

“Al día siguiente hasta le mandaron un certificado del centro de rehabilitación”, sostuvo ella. Linda no retiró el afiche y acudió a la Fiscalía con la denunciante; conversó con la fiscal de la Unidad de Desaparecidos, que se negaba a dar información del caso a la amiga de Jean Pierre y a su pareja, porque “solo se puede informar a los familiares”.

Fue necesario mostrar el video del momento en que fue llevado a la fuerza para que la fiscal se embarcara en un carro con agentes policiales y fueran hasta Cotacachi a rescatar al joven. Estuvo una semana en el lugar.

Jean Pierre incluso posteó un video en redes sociales agradeciendo a las organizaciones que se movieron para sacarlo del centro. Aunque no ha dicho cómo fue tratado durante la semana de internamiento, se conoce que hoy estaría en un lugar seguro, lejos de su familia.

Ahora, la Fiscalía lleva contra los padres del chico una investigación por el delito de desaparición forzosa, que implica una pena de entre siete y diez años de prisión.

El dueño de la clínica admitió que su permiso caducó en 2021, pero negó realizar tratamientos de índole sexual.

Según la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), la clínica no tiene permiso para operar y fue clausurada hace días, luego de una visita en la que se constató que no cumplía con el correcto manejo de los desechos, según indicó el director de la entidad, Roberto Ponce.

El funcionario mencionó que hace un par de años tuvieron dos casos en Manabí en los que también se ofrecían tratamientos para tratar a personas por su orientación sexual.

Él explicó que se han dado casos incluso más alarmantes que el ocurrido en Quito hace pocas semanas.

Hace casi un año, acudieron los funcionarios a inspeccionar un centro de Quito donde la Fiscalía había rescatado a una adolescente que fue llevada por sus padres para una terapia de reorientación sexual, pues ella se identifica como lesbiana.

En el lugar, a la menor se le habría aplicado un supuesto plan terapéutico para cambiar su inclinación y volverla heterosexual. Esa terapia supuestamente incluía violaciones correctivas casi diarias por parte de uno de los directores del lugar.

El caso de la violación es investigado por la Fiscalía de Pichincha. Al tratarse de una menor de edad, no hay más detalles disponibles hasta que se logre la sentencia.

Los que sí se conoció entonces es que la adolescente fue llevada a un centro de acogida para protegerla de sus padres.

Un tercer caso se dio hace más de un año también en la capital. El joven, que era mayor de edad, fue rescatado gracias a la intervención de allegados. Lamentablemente, él falleció hace pocos meses como producto de una enfermedad degenerativa.

María Gabriela Alvear, del colectivo Diálogo Diverso, explicó que no hay ninguna posibilidad legal de que un familiar autorice una internación contra la voluntad de las personas mayores de edad que estén en uso de sus facultades.

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Además, sostuvo que determinar si una persona tiene una adicción requiere de un criterio médico, que en este caso no se ha producido, y que los tratamientos deben ser mayormente ambulatorios.

Para Alvear, hay familias que caen en engaños sobre sus hijos con orientaciones sexuales diversas, motivados por ideas religiosas o criterios sociales. Dice que desde el año 2000 se están registrando casos de secuestros a personas, así como desapariciones, que están relacionados con terapias de ‘deshomosexualización’, que incluyen maltratos y también denuncias de violaciones a mujeres lesbianas.

Todo esto sigue pasando en Ecuador, pese a que se despenalizó la homosexualidad masculina hace 25 años, recalcó la activista y abogada de derechos humanos. (I)