Unidas por el dolor de la pérdida y frustradas por la lentitud en los procesos judiciales, al menos 30 madres de víctimas de femicidio se agruparon y crearon la fundación Madres Coraje.
Están pendientes de los casos, se reúnen con algunas instituciones para impulsar los procesos y conseguir ayuda para los niños que quedaron huérfanos. Además, acuden a las oficinas de la Fiscalía en todo el país y realizan plantones mientras se llevan las diligencias, muchas de ellas pospuestas hasta en cinco ocasiones.
Todo empezó en octubre del 2022, cuando algunas familias viajaron a Quito para participar en un plantón en medio del caso de María Belén Bernal, la abogada asesinada por su esposo, un expolicía ya sentenciado.
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En la capital estas madres se conocieron e intercambiaron sus números telefónicos, crearon un grupo en WhatsApp para ponerse al día en el estado de los casos y desde entonces se han convertido en una gran familia.
“Quedamos en volver y reunirnos en la plaza Grande para protestar, y así lo hicimos algunas veces, pero hasta nos tiraron los caballos encima porque íbamos en pleno cambio de guardia”, cuenta Anabel Campos, quien ahora es la presidenta de la fundación Madres Coraje.
Campos sostiene que luego acudieron a la Asamblea y lograron contactar a una asambleísta que les dio apertura. Tuvieron reuniones y mesas de trabajo con la Fiscalía, la Judicatura y el Ministerio de la Mujer.
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“Todo iba caminando hasta la muerte cruzada, y ahí prácticamente nos desvinculamos, pero en el tiempo que funcionó sí hubo cambios de fiscales, hubo algo de celeridad en los casos. Esta semana me estoy reuniendo con la nueva persona a cargo del Ministerio de la Mujer”, relata Campos, quien se mudó de Santa Elena a Quito para el trabajo de la fundación con entidades públicas.
Ella hoy vive en la capital con su nieto de 9 años, el hijo de Valeria Vargas Campos, la migrante que fue asesinada en 2019 en Guayaquil por sujetos que, según la Fiscalía, fueron contratados por su esposo para fingir un secuestro y matarla.
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Aunque su yerno fue detenido en Alemania hace un año, hace dos meses obtuvo la libertad porque, según Anabel, el Estado ecuatoriano no se presentó en la audiencia y el país europeo consideró que el detenido no iba a estar seguro en una cárcel ecuatoriana, por las constantes masacres.
Ella asegura que hasta ahora ni el Ministerio del Interior ni Cancillería ni tampoco el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) le han dado una respuesta de qué falló y por qué no se concretó la extradición del femicida de su hija.
“Las mujeres valemos basura para las entidades públicas; no hacen nada. Nosotros protestamos, vamos, gritamos y brincamos en las fiscalías, pero no hacen nada. Yo en las audiencias he visto cómo hasta se burlan de las madres”, comenta Campos, quien sostiene que, aunque es doloroso, le gusta trabajar con estas familias, pues cada día llegan más casos y más niños que necesitan ayuda.
Destaca por ejemplo el caso de María José, una joven de 22 años asesinada en 2023 en Santa Elena por su pareja, de 46 años. Anabel cuenta que el hijo de la víctima, de solo 5 años, fue testigo del crimen y está afectado. Además, indica que, según la defensa del femicida, este tendría cáncer terminal.
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“Nos estamos contactando con la Fiscalía y Judicatura para estar tras del caso, porque esta semana es el juicio”, comenta la activista, quien se muestra contrariada también al conocer que hace poco se dictó sentencia de 16 años de prisión contra Jairo S., un hombre que en agosto del 2022 mató a golpes a su pareja en Chanduy.
Explica que el juez dijo en la audiencia final que, como Jairo S. se entregó a la Policía, le reducía la pena, que por el delito de femicidio puede ser de hasta 40 años en los casos más graves.
En este grupo de madres que luchan por justicia está también Kathy Muñoz, la mamá de Lisbeth Baquerizo, quien fue asesinada supuestamente por Luis H., su esposo, en la urbanización Puerto Azul, y cuyo crimen se trató de pasar por una caída por la escalera. Han pasado casi cuatro años y la búsqueda de Luis H. continúa.
También pertenece a la fundación Sara Sarambo, la mamá de Naomi Arcentales, la modelo que murió en un departamento de Manta en diciembre del 2021, y cuya muerte fue catalogada como suicidio, aunque siguen algunas dudas en los familiares por la negativa de su pareja, un exfiscal, de entregar una muestra de ADN.
María Ortiz es otra madre coraje. Ella desde noviembre del 2020 busca justicia para su hija Cristina, quien fue asesinada en Santo Domingo de los Tsáchilas cuando tenía ocho meses de gestación. Aunque el militar procesado por el femicidio de la gestante ha sido detenido en dos ocasiones por la Policía Nacional, en las audiencias se ha beneficiado con medidas alternativas y actualmente está prófugo.
Una lucha similar vive Mariana Mina, la madre de Nicol Palomino, una guayaquileña de 26 años que murió como producto de golpes en el rostro y en la cabeza hace siete meses en un hotel del Suburbio de Guayaquil. El futbolista implicado, que huyó de la habitación, no ha sido procesado aún y no tiene boleta de captura porque en tres ocasiones se ha diferido la audiencia para formularle cargos.
“Es una burla. Estamos hablando de un caso grave. Hablamos de la muerte de una mujer, de una madre que deja dos niños huérfanos, de la hija de alguien, de una hermana que se llora. Esto no es el simple robo de un celular. En los juzgados dan prórrogas y prórrogas porque respetan los derechos de los acusados, pero así solo les solapan que se fuguen”, comentó Mina en la última protesta.
Estas mujeres esperan que su voz sea escuchada y lograr condenas ejemplares para los culpables, porque saben que a “sus niñas no las van a recuperar”.
Anabel Campos también cuenta que se están reuniendo con el Municipio de Guayaquil para tratar de obtener una casa para la fundación Madres Coraje, un espacio al que puedan ir los niños que han perdido a sus madres para tener terapia. (I)
