La Fiscalía inició el proceso penal contra trece personas que serían integrantes del grupo Los R, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Los procesados fueron detenidos en operativos simultáneos en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí, la madrugada del 21 de agosto de 2024.
Sobre este caso, la investigación se inició en marzo de 2024, cuando ya hubo otros cinco detenidos, y estuvo a cargo de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).
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Los R7, según información policial, solicitaban servicios de transporte informal, por aplicaciones digitales, hasta la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde los vehículos eran interceptados y secuestrados con armas de fuego.
Los procesados estarían vinculados en delitos de robo, secuestro y extorsión.
Esta organización delictiva, según la Policía, realizaba tres eventos delictivos de secuestro y extorsión, generando 20.000 dólares por cada uno.
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Durante los allanamientos decomisaron 10 terminales móviles, 11 armas de fuego, 3 alimentadoras, 20 cartuchos, sustancia catalogada sujeta a fiscalización, 4 automóviles, 2 motocicletas, entre otros.
En la audiencia de formulación de cargos, el agente fiscal expuso los elementos de convicción, el informe de seguimientos y vigilancias, interceptación de comunicaciones, las sinopsis de las conversaciones que habrían mantenido los integrantes de la organización delictiva, entre otros.
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Finalmente, por pedido motivado de la Fiscalía, un juez Especializado en Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó prisión preventiva para todos los procesados en este delito, incluyendo un policía en servicio pasivo.
El plazo de la instrucción fiscal será de noventa días.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada puede ser sancionado con penas de 22 a 26 años de prisión. (I)