El presidente Daniel Noboa ordenó el traslado temporal de la Comandancia General de la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a Guayaquil para reforzar la lucha contra la delincuencia en una ciudad afectada por los hechos de violencia y otros delitos, como extorsiones y secuestros.

Expertos en seguridad analizan la decisión destacando su impacto estratégico y político. Una estrategia similar en Manta en junio del año pasado logró reducir temporalmente los índices delictivos.

Guayaquil, clave para diversos delitos como narcotráfico por su puerto, es disputada por bandas. Algunos de estas como Los Choneros y Los Lobos, vinculadas a carteles mexicanos.

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En 2025, el primer trimestre marcó un récord con 2.361 muertes violentas a nivel nacional, muchas concentradas en la provincia del Guayas.

Según cifras de la Policía, entre el 1 de enero y el 11 de mayo del 2025 se han registrado 1.355 muertes violentas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), una cifra mucho mayor que en el mismo periodo del 2024, cuando se ubicó en 759.

El Decreto n.º 28, firmado el 13 de junio de 2025, responde a esta escalada, buscando una mayor coordinación entre las fuerzas del orden.

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“El presidente tiene la potestad de enviar el mando militar y policial donde sea necesario”, afirmó Byron Sanmiguel, exmilitar y experto en seguridad.

Sanmiguel explicó que la conducción de un conflicto armado no internacional, como el que vive Ecuador, requiere respetar niveles jerárquicos: político, estratégico, operacional y táctico.

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Además, destacó dos leyes recientes aprobadas por la Asamblea, que facilitan interceptaciones telefónicas y allanamientos sin permisos judiciales. “Ahora las Fuerzas Armadas y la Policía tienen un marco legal para actuar con fuerza”, subrayó Sanmiguel.

En 2024, Manta implementó una estrategia similar, trasladando las comandancias para combatir la violencia ligada al narcotráfico. Aunque los resultados iniciales redujeron los delitos, los casos de violencia resurgieron tras varios meses.

Sanmiguel cree que Guayaquil presenta un desafío mayor, pero las nuevas leyes hacen la lucha más efectiva. “Con estas herramientas legales, las operaciones serán más contundentes que en Manta”, aseguró.

La presencia de comandantes en el terreno, según él, refuerza la voluntad política del Gobierno.

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Jorge Villacreses, otro experto en seguridad, destacó la importancia de la coordinación entre Policía y Fuerzas Armadas en Guayaquil, Durán y Samborondón, las zonas más conflictivas.

“La presencia de los comandantes genera mayor eficacia en las operaciones”, afirmó.

También elogió las inversiones en tecnología, como cámaras y vehículos blindados, que permiten a la Policía ingresar a barrios antes inaccesibles.

“En Guayaquil, la inteligencia policial será clave para identificar dónde operan las bandas”, señaló Villacreses.

Sin embargo, reconoció que la lucha será más compleja que en Manta debido a la magnitud del crimen organizado.

El traslado de las comandancias también tiene un componente político, según los expertos. Durante la campaña electoral de 2023, Noboa ganó apoyo por enviar a sus ministros al terreno, una estrategia que ahora repite.

Sanmiguel resaltó que la medida responde a la demanda ciudadana de seguridad. “La población ve que el Gobierno actúa con decisión para bajar la inseguridad”, afirmó.

Villacreses coincidió: “La presencia de los jefes en Guayaquil genera confianza en la población”.

A pesar del optimismo, los expertos advierten que el éxito depende de una ejecución coordinada. Guayaquil concentra el mayor número de extorsiones, secuestros y homicidios, impulsados por la fragmentación de bandas desde el 2020.

Villacreses enfatizó en la necesidad de atacar no solo a las bandas, sino también a los mercados ilícitos que las financian. “Hay que identificar dónde venden lo robado y quiénes compran”, insistió.

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El gobierno de Noboa ha intensificado su respuesta al crimen desde enero de 2024, declarando un conflicto armado interno y clasificando a una veintena de grupos como terroristas.

Medidas como el estado de emergencia y la militarización de cárceles lograron reducir los homicidios en el 16,5 % en 2024, pero la violencia repuntó en 2025.

El traslado de las comandancias a Guayaquil busca revertir esta tendencia, apoyado por un marco legal más robusto. Sin embargo, los expertos coinciden en que la sostenibilidad de estas medidas requiere reformas estructurales.

John Reimberg, ministro del Interior, se refirió al traslado de las comandancias a Guayaquil y señaló en su cuenta de X que el compromiso con la seguridad del país es más fuerte que nunca. “Con la Policía trabajamos unidos hombro a hombro en el territorio. Daremos todo, así sea nuestra vida, por el bienestar de los ciudadanos”, agregó.

Mientras que la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, dijo que el traslado de la Comandancia General de la Policía Nacional a Guayaquil es una decisión estratégica que fortalecerá la presencia de la Policía en territorio.

“Gracias, presidente Daniel Noboa, por esta iniciativa histórica en favor de la seguridad de la ciudadanía”, expresó. (I)