Integrantes de la Fiscalía y Policía Nacional participaron esta mañana de un allanamiento en el domicilio de un funcionario de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), en Guayaquil.

Esta intervención se dio como parte de una indagación abierta por el presunto delito de concusión, indicó la Fiscalía en redes sociales. Sin embargo, en un comunicado difundido este jueves 3, la misma entidad aclaró que el individuo es procesado por supuesto enriquecimiento ilícito.

“Usuarios habrían sido extorsionados para evitar el cierre de consultorios médicos”, detalló la entidad.

Publicidad

Fiscalía realiza allanamientos en Guayaquil, Daule y Samborondón por investigación de presunto peculado en contratos de hospitales públicos

Según la entidad, esta investigación se abrió ante una denuncia presentada por el director de la institución sanitaria sobre supuestos actos de corrupción.

En la operación, los uniformados de la Policía incautaron dinero en efectivo y otras evidencias.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que el sospechoso fue aprehendido, pero recibió medidas alternativas por parte de un juez de Garantías Penales.

Publicidad

En un comunicado, la Acess indicó que colabora con las investigaciones de la Fiscalía para esclarecer los hechos y que se establezcan las sanciones administrativas que correspondan a los responsables de presuntos actos de corrupción.

El ente señaló que trabaja constantemente en campañas de difusión para conocer y frenar actos de corrupción, las mismas que buscan motivar las denuncias por parte de actores del sector de la salud o ciudadanía en general en caso de detectarse acciones fuera de la ley o irregularidades.

Publicidad

En noviembre del año pasado, la Fiscalía realizó otro allanamiento a las instalaciones de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), en Parque Samanes, norte de Guayaquil, a fin de recoger elementos, sobre todo documentos, que aporten en una investigación abierta por la emisión de registros sanitarios de marzo del 2020 a enero del 2021.

En ese entonces, la entidad señaló que se presumía un caso de presunto peculado, mientras Arcsa dijo que existía la apertura y apoyo necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados. (I)