El presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó a su segundo año de mandato el 24 de mayo de 2023 con una Asamblea Nacional disuelta luego que siete días antes firmara el decreto de la muerte cruzada, acogiéndose al artículo 148 de la Constitución, con el argumento de grave crisis política y conmoción interna.
La gobernabilidad en cuanto a su relación con el Poder Legislativo fue uno de los escollos del presidente saliente, quien este jueves 23 de noviembre entregará el mando del país a Daniel Noboa hasta el 2025.
Otro obstáculo que enfrentó el régimen actual fue la inseguridad manifestada en masacres tanto en las calles como en las cárceles del país.
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¿Qué puede hacer por la seguridad el Gobierno de Guillermo Lasso en seis meses que le quedan?
Desde el Gobierno se ha indicado que este nivel de violencia criminal traducido en más de 6.000 muertes violentas en el país (de enero a octubre de este año) corresponde mayoritariamente a la disputa de territorio entre bandas delictivas aliadas a carteles mexicanos del narcotráfico.
Dentro de Ecuador, la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, es el territorio con más homicidios entre enero e inicios de noviembre de este periodo, allí se reportaron 2.282 asesinatos.
Esta cifra ubicó a Guayaquil y Durán en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo según un comparativo de las cifras actuales con el listado más reciente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.
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“En términos de seguridad ha habido muchísimo retroceso y muy pocos avances, sobre todo si se miran las tasas de homicidios durante estos dos años. En aspectos positivos lo que se puede mencionar es el incremento de la incautación de droga que es como parte del éxito que, al menos discursivamente, ha planteado el Gobierno”, expresa Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
A criterio del especialista, esto último tiene ciertas características o “trampa” ya que si bien ha aumentado el decomiso de cocaína, esto responde más a una sobreoferta o sobreproducción en Colombia.
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“Al haber muchísima producción, pues es mucho más probable que también se incrementen las incautaciones porque aumenta el flujo a mercados internacionales, entonces, es una cifra que yo la agarraría con pinzas, sobre todo, cuando se asimila que es un 70 % de incautaciones de frontera”, menciona Rivera.
Entre enero y mediados de noviembre de este año a escala nacional se incautaron 189 toneladas de droga (clorhidrato de cocaína, marihuana, heroína, entre otras sustancias), según la Dirección Nacional de Antinarcóticos. Durante todo el 2022 se decomisaron 201 toneladas y en el 2021 algo más de 210 toneladas.
El 18 de octubre anterior, el ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que en Guayaquil en los próximos meses se sumarán un cuartel antidrogas y once Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
El funcionario hizo el anuncio en la ceremonia del cambio de mando de la comandancia de la Zona 8, que la asumió el general Víctor Herrera.
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En mayo pasado, conociendo ya que al régimen actual le quedaban solo seis meses, el secretario de Estado destacó que la disposición del presidente Guillermo Lasso era la de hacer en ese lapso lo que se había planificado para ejecutar en dos años.
“En el caso de seguridad estamos dejando las bases muy importantes, nosotros recibimos una institución (policial) debilitada, hoy la estamos fortaleciendo. En el año anterior se graduaron 1.600 policías, en este año se van a graduar 13.500 policías”, expresó anteriormente el ministro Juan Zapata con relación al ofrecimiento que hiciera el Ejecutivo el 8 de abril del 2022 de incorporar 30.000 nuevos agentes del orden en sus próximos tres años de gestión, que se acortaron por la coyuntura política.
En cuanto a la infraestructura policial, Zapata refirió en mayo anterior que el proyecto de construcción de 85 UPC y 6 UVC a escala nacional estaba en marcha con un presupuesto de $ 110 millones. Mencionó que el contrato estaba en ejecución ya que la empresa contratista recibió un anticipo por $ 38 millones. “Por lo tanto, es imposible que eso no se ejecute”, remarcó el ministro al ser consultado si por el panorama político había el riesgo de que el proyecto quede truncado.
A mediados de octubre, el Gobierno nacional entregó a la Policía Nacional 1.100 chalecos y 5.000 cascos tácticos, 232 patrulleros y otros equipos en el marco de la presentación en Quito del programa de recompensas contra el crimen organizado y delitos contra la administración pública del Comando Sur de Estados Unidos, creado en 2013.
En total el régimen de Guillermo Lasso preveía la compra de 52.000 chalecos para los servidores policiales.
Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, destaca como un punto a favor de este Gobierno el que se hayan creado nuevamente el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, “tratando de recuperar la institucionalidad que cumplía el Ministerio Coordinador de Seguridad con el Ministerio del Interior”.
El problema, considera el especialista, es que las instituciones necesitan ser fortalecidas técnicamente, con buen personal.
“Y eso es algo que este Gobierno no lo ha hecho de manera eficiente, sobre todo si se hace esa relación de que estos ministerios están a cargo de ejecutar la política pública, conseguir presupuesto, ejecutar o reducir ciertos indicadores de criminalidad que no lo han logrado hacer en términos de política pública, pero es un aspecto positivo haber recuperado esa institucionalidad”, sostiene Rivera, quien cree que el incremento de muertes violentas en el país revela un “fracaso absoluto”.
El especialista dice también que faltó coordinación entre la gestión del Ejecutivo, el Legislativo y la administración de justicia para luchar contra las estructuras del narcotráfico y las bandas criminales.
Como ejemplo de aquello, en agosto pasado el Gobierno, a través del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), trasladó de la cárcel Regional a La Roca a alias Fito, líder de la banda Los Choneros, pero por decisión judicial al mes siguiente el recluso volvió a donde estaba, en un contexto en el que su nombre saltó por supuestas amenazas contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en Quito el 9 de agosto.
Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, estima que Ecuador cerrará el 2023 al menos con 7.000 asesinatos, cifra que refleja un aumento de más del 300 % con relación a años anteriores, y eso a su vez, refleja la poca efectividad del Gobierno saliente, según ella.
“Es una gestión más que con déficit, desastrosa, catastrófica. Lasso no tuvo buenos asesores, jamás se dejó asesorar de nadie en el tema de seguridad. El tema de las incautaciones de droga no se puede ver como un éxito si como contrapartida no tenemos buenos índices de seguridad internos. Si bien este tema de las incautaciones de droga es grande a quien favorece es a los países a los que se está exportando la droga”, analiza la también académica.
Ella coincide en que el hecho de que haya más incautaciones significa que hay más droga circulando en el país.
“Incluso ya hay laboratorios internos, entonces, para mí, no es ningún resultado favorable. Incluso, como ya se puede ver, tenemos niños siendo reclutados por bandas. Antes ser parte de una banda delincuencial era una opción, ahora ya no es una opción, para las personas que están en barrios suburbanos hay reclutamientos forzosos y esto es cada vez más preocupante”, remarca Zumárraga.
En cuanto al manejo de las cárceles, el Gobierno saliente deja realizado un censo penitenciario que abarcó a los 36 reclusorios del país y reveló como resultado una población de privados de libertad de 31.321 personas, de las cuales 29.356 son hombres y 1.965, mujeres.
El censo se ejecutó entre agosto y diciembre del 2022.
De esos resultados se desprendió, por ejemplo, que del total de privados de libertad, la mayor cantidad es originaria, principalmente, de cuatro provincias: Manabí (16,02 %), Guayas (15,29 %), Esmeraldas (13,27 %) y Pichincha (11,52 %), entre las que suman el 56,1 % del total de la población carcelaria del país. Estos y otros datos servirían al Gobierno entrante y su planificación en torno a la rehabilitación social en el país. (I)
