Con carteles en los que rechazan los desalojos, pues dicen haber sido ya censados en el lugar donde construyeron sus casas, al menos 170 familias de Fincas Delia, en Durán, protestaron la mañana de este lunes, 29 de julio.
Ellos fueron notificados el pasado viernes por la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares para que presenten la documentación con la que cuentan.
Pero este lunes se reunieron y rechazaron el trabajo que realiza la entidad en ese sector que fue intervenido hace dos semanas, en el marco del conflicto armado interno vigente en Ecuador desde el 9 de enero del año en curso.
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Las familias notificadas admitieron que no tienen títulos de propiedad ni documentos que certifiquen que son posesionarios, dijeron que por necesidad invadieron los terrenos que supuestamente estaban desocupados.
Esto ocurrió en la pandemia, y meses después, a finales del 2020, la familia Heredia, que sería dueña del lote ocupado actualmente por estas personas, asentó una denuncia en la Fiscalía de Durán.
Silvia Duche es la representante legal de los 170 notificados. Ella indicó que luego de la denuncia de la familia que dice ser dueña del lote, los habitantes obtuvieron una acción de protección para detener el desalojo y que este martes, 30 de julio, se resolvería el caso.
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La abogada, quien fue parte de la protesta, señaló que en el juicio se habrían presentado documentos con inconsistencias y que por eso el proceso legal ha tomado casi cinco años.
También sostuvo que los moradores no requieren ningún documento para seguir viviendo ahí, que ya tienen más de tres años como posesionarios, y que el Municipio ya les iba a entregar papeles.
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Mientras tanto, la familia Heredia señaló que cuando fueron al lugar tras la invasión de su ternero de 1,5 hectáreas, los sacaron a bala y les ha tomado años el juicio pese a tener los documentos que probarían que compraron el predio hace diez años.
Son 21 lotes de 750 metros cuadrados de la propiedad que están en litigio.
“Todo está a nombre de mi padre, Mariano Herrera. Tenemos escrituras notariadas y registradas. Están legalmente catastrados todos los lotes. La posesión efectiva está registrada y seguimos pagando nosotros los impuestos prediales”, dijo la hija mayor del propietario que falleció hace pocos años tras contagiarse de COVID 19.
Ella mencionó que su padre invirtió ahí los ahorros de su vida, porque al ser una zona industrial quería abrir una fábrica de bloques y de baldosas, pero señaló que todo se volvió un problema por la invasión.
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Ellos esperan que este martes el juez resuelva el caso y poder volver a ocupar el predio. (I)
