Nueva Prosperina es el distrito con más muertes violentas de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y del país en general. Del 1 de enero de este año al 11 de diciembre dicho territorio ubicado en el noroeste del Puerto Principal reportó 551 asesinatos, mientras que en todo el territorio nacional hubo más de 7.200 casos.

Integrado por seis circuitos: Nueva Prosperina, Monte Sinaí, Flor de Bastión, Paraíso de la Flor, Nuevo Guayaquil y Fortín, este distrito tiene una población de 363.000 habitantes.

Con esta estadística de muertes violentas, esta zona del Puerto Principal se perfila como el tercer lugar más violento del mundo a poco de cerrar el 2023. Tiene una tasa de 141 asesinatos por cada cien mil habitantes, superado solo por dos ciudades mexicanas: Colima (181) y Zamora (177).

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Y a nivel local este territorio guayaquileño concentra más homicidios que la línea de frontera norte, la Zona 1, conformada por provincias completas: Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos (529).

El coronel Roberto Santamaría, jefe policial de este sector, ha mencionado que al menos el 16 % de ese universo, incluyendo a estudiantes (menores de edad), está vinculado directa o indirectamente a los grupos de delincuencia organizada (GDO).

Allí, según registros policiales, operan las bandas Fatales y Águilas (que son aliadas) y se enfrentan a los Tiguerones, entre otras cosas, por el territorio para hechos ilícitos como el microtráfico. Sin embargo, el accionar delictivo ha creado economías criminales paralelas, como el secuestro y la extorsión (también conocida como ‘vacuna’).

Nueva Prosperina es un sector con varios sitios inaccesibles y sin cobertura de señal celular, situación que aprovechan los antisociales para camuflar carros y motos robados, personas secuestradas y demás.

Es una zona que surgió como asentamiento irregular y que de a poco se fue extendiendo, pero que aún tiene muchas áreas en las que no hay la mínima infraestructura pública. No cuentan con servicios básicos ni calles, peor aún espacios de esparcimiento.

“Para llegar a esos lugares, por ejemplo, (para rescatar) a las personas secuestradas uno tiene que dejar los vehículos en determinado sector y pasar caminando por tablas sobre puentes que están mal hechos y allá los vamos a encontrar. Pero para eso ya tienen un sistema de alerta como de diez cuadras, entonces, ellos ya le pueden dejar al secuestrado y tienen todo el tiempo del mundo para salir de ahí. Entonces, las condiciones del terreno y la poca intervención (infraestructura pública) ahí han fallado”, expresa el jefe policial.

El coronel Santamaría refiere que muchos niños, adolescentes y jóvenes están involucrados con estas bandas movidos por su entorno de carencias, en un escenario en el que muchas veces hay ausencia de papá o mamá sea porque trabajan o porque los menores provienen de hogares disfuncionales.

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“El segundo indicador de llamadas de Nueva Prosperina al 911 es la violencia intrafamiliar. Eso quiere decir que aparte de la violencia que viven en la calle hay un entorno familiar que le sigue dañando la cabeza a ese menor. Nunca han tenido atención psicológica, no saben lo que es bueno y lo que es malo, porque ellos viven en violencia y saben que tienen que reaccionar así. Se criaron de esa forma”, menciona el uniformado.

Él cree que después de la pandemia del COVID-19 al sector entró lo que denomina una narcocultura que capta a muchos menores que delinquen y a base de ello sustentan sus hogares y también solventan sus gustos propios, como vestir con ropa y zapatos de marca.

La captación de menores por parte de bandas delictivas

Katherine Herrera, académica y consultora en temas de seguridad, señala que la captación de menores de parte de los grupos de delincuencia organizada es el resultado del abandono del Estado y está presente en Nueva Prosperina y en otros sectores de las provincias de Guayas y Esmeraldas.

Esto, a su juicio, configura un delito de trata de personas, tipificado en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este ilícito consiste en la captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción, para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación.

Según el mencionado artículo, explotación es toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo obtenidos, entre otros factores, del reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley.

“Para ser víctima de trata de personas no únicamente es a través de la fuerza, si te robo, te secuestro, te obligo a que hagas esto, sino también cae en la manipulación y la influencia que puedo tener hacia otra persona (...). Los grupos de delincuencia organizada, los miembros, los líderes pueden hacerse muy amigos, comenzar a darles cosas, comenzar a darles protección, seguridad. Y al hablar de protección, seguridad, me refiero al sentido de pertenencia, a una familia, en donde los niños, obviamente, dicen bueno, si me están dando este dinero yo puedo ayudar a mis papás”, sostiene ella.

Herrera considera que la intervención para contrarrestar esta problemática en Nueva Prosperina debe ser integral y tener al menos cuatro ejes: prevención, investigación operativa, atención y protección a víctimas y gobernanza de seguridad.

“Si no hay eso podemos decir que Nueva Prosperina es el nicho para que los grupos de delincuencia organizada tengan más militantes menores de edad en sus filas. Y eso resulta mano de obra barata, pero también de fácil manipulación”, refiere la especialista y añade que la intervención debe darse a nivel de Gobierno central y local.

Por ejemplo, que se haga un levantamiento de información sobre la vulnerabilidad de las familias, sobre los territorios que estas ocupan, a fin de establecer si procede o no una legalización y a partir de aquello que llegue la obra pública que se requiere.

Para la académica, el error de los Gobiernos anteriores es que al abordar el problema de inseguridad lo han hecho de manera dispersa, solo con operativos puntuales y sin considerar el efecto que tiene entre uno y otro territorio la presencia de las bandas.

“La improvisación, la falta de voluntad política, la falta de data, conocimiento y también de aplicación de políticas públicas no solo a corto sino a mediano y largo plazo, hacen que Nueva Prosperina no salga de eso y ahora se convierta en un nicho de niños, niñas y adolescentes que son vulnerables para que formen parte de estos grupos de delincuencia organizada y aparte de eso la impunidad”, remarca ella.

¿Cómo llegaron los GDO al sector?

El coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito, menciona que la banda Los Choneros entró a Guayaquil en el 2010 y se asentó en este territorio por las características ya descritas.

Con el asesinato del cabecilla de este grupo, Jorge Luis Zambrano, en diciembre de 2020, la organización se segmentó bajo el liderazgo compartido de Adolfo M., alias Fito, y de Júnior Roldán, asesinado en mayo de este año, en Colombia.

El primero, que está preso en el Centro de Rehabilitación Social Guayas n.º 4 o cárcel Regional, creó la banda Fatales, y el segundo, Los Águilas. Así, en una alianza, ambos grupos hicieron frente a Los Lobos, cuyos cabecillas empezaron a ser asesinados durante el último trimestre del 2022.

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Esta rivalidad, según Santamaría, ha marcado el incremento de asesinatos en Nueva Prosperina, situación que tuvo un pico fuerte tras la muerte de Júnior Roldán, pues eso significó que Los Águilas perdieran su fuente de financiamiento y dotación de armamento.

A raíz de este episodio, Los Lobos empezaron a recuperar terreno, conservando Socio Vivienda, el que ha sido su bastión desde siempre.

Los Choneros y sus bandas derivadas tienen nexos con el cartel de Sinaloa, mientras que a Los Lobos se los vincula con el cartel Jalisco Nueva Generación. (I)