Óscar M. abusó sexualmente de su hijastra por casi cuatro años. El agresor junto a la menor vivían en una casa en el recinto San Carlos, en el cantón San Fernando, provincia de Azuay.
El hombre perpetraba el abuso cuando la madre de la víctima viajaba a Cuenca para comprar mercadería para el negocio familiar.
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Entre 2016 y 2020, Óscar M. mantenía amenazada a la niña con hacerle daño a su madre si contaba lo que sucedía. Los primeros abusos fueron cuando la menor tenía nueve años.
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Las agresiones se prolongaron hasta inicios de 2020, cuando la víctima pudo contárselo a su abuela materna.
Como consecuencia de los hechos, la menor intentó suicidarse en dos ocasiones y fue diagnosticada con estrés postraumático, según el testimonio de la perita que practicó la evaluación psicológica.
Durante el juicio, Fiscalía sustentó la acusación de la niña con los testimonios, valoraciones médico-legales y de entorno social. Además de la versión del policía que efectuó el reconocimiento del lugar de los hechos.
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Al caso de Óscar M. se le aplicó un agravante al delito de abuso sexual, establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), por tratarse de una persona que formaba parte del núcleo familiar de la víctima, lo que permitió el incremento de la pena.
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Además de cumplir la sentencia de nueve años y cuatro meses por el delito de abuso sexual, deberá pagar $ 3.000 para la terapia psicológica de la víctima.
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La Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Azuay ratificó la sentencia emitida en octubre de 2024 por un Tribunal Penal. Se rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado tras considerar válidos los argumentos expuestos por Fiscalía. (I)
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