Este fin de semana, un hombre en estado de embriaguez realizó disparos contra la garita de una urbanización de la avenida Samborondón. A pesar de que eso causó heridas leves a un guardia de seguridad, que fue hospitalizado, la Policía no pudo entrar al conjunto residencial porque los implicados en el caso no lo aprobaron.

Aunque el hecho es investigado por las unidades especiales de la Policía, agentes ven con inquietud las complicaciones que tienen para intervenir cuando se presentan altercados o situaciones en complejos habitacionales cerrados.

El mayor Christian Granizo, jefe policial de Samborondón, mencionó que incluso en alertas por violencia intrafamiliar no dejan pasar a la policía.

Publicidad

Un guardia de Samborondón fue baleado cuando estaba en la garita de una urbanización

Esto ocurre en muchas urbanizaciones, sobre todo en sectores como isla Mocolí, donde hay dobles garitas.

El uniformado detalla que el patrullero, tras enseñar sus credenciales, puede pasar el primer filtro, pero en la segunda garita de la urbanización, específica, los guardias los tienen hasta 40 minutos esperando, pese a que la persona agredida está en el teléfono insistiendo al ECU911.

Durante el 2023, en la vía a Samborondón se han reportado 106 llamadas por maltrato intrafamiliar al ECU911. Los policías deben esperar casi una hora para que los dejen pasar. Foto ARCHIVO

Granizo mencionó que en una ocasión se llevaban detenido a un guardia por obstaculizar la labor policial y entonces les permitió entrar al rescate.

Publicidad

“Lo que sucede es que autorizan el ingreso ya cuando la pareja se reconcilió y la mujer no quiere insistir en la denuncia”, indicó el jefe policial.

En lo que va del 2023, el ECU911 ha registrado 106 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar en la vía a Samborondón. Durante el 2022 (de enero a mayo) se reportó un total de 116 casos.

Publicidad

Son cifras altas si se comparan con el delito de robo a personas, del que se han reportado en la misma zona de la vía a Samborondón solo 34 casos en 2023 y 18 en 2022.

Otras alertas que se dan en esa zona residencial son de libadores. En lo que va del 2023 son 171 llamadas al ECU911, mientras que el año pasado se dieron 201.

En caso de escándalos, el ECU911 también lleva registros que revelan que en la vía pública, a lo largo de la vía a Samborondón, se han reportado 170 escándalos en 2023 versus 233 del año pasado. En espacios privados en 2023 se han dado 65 escándalos versus 116 del año pasado.

En cuanto a agresión verbal, en 2023 son 76 alertas versus 16 del año anterior.

Publicidad

Pese a estas cifras, en la vía a Samborondón se registran muy pocas detenciones.

Por esto, la Policía pide al municipio local que se analice un protocolo general de seguridad al que todos deban acogerse, pues actualmente cada complejo residencial cuenta con un reglamento interno.

Granizo insiste en que es importante que permitan el ingreso a las autoridades para evitar la impunidad.

Hace seis semanas, en una universidad de la zona se organizó una mesa de seguridad en la que participaron el alcalde, el gobernador de la provincia y jefes policiales.

La colocación de dobles plumas y el sistema interconectado de vigilancia en Samborondón intentan reducir robos

También estaban invitadas las urbanizaciones, pero solo acudieron representantes de 12 de las 86 urbanizaciones que hay en el sector.

Andrés B., quien vive desde hace más de diez años en una urbanización de Samborondón, indicó que por temor a los falsos policías se han tomado nuevas medidas de seguridad y, efectivamente, se ha prohibido la entrada incluso de los patrulleros hasta que los residentes lo autoricen.

¿Qué dice la ley?

El abogado Julio César Cueva mencionó que no dejar pasar a la policía sí puede considerarse una forma de fraude procesal (de uno a tres años de cárcel, según el art. 272 del COIP), porque está contribuyendo a que alguien evada la acción policial para que no pueda actuar la justicia, pero coincide en que, por temor a falsos policías, las administraciones de cada zona residencial han restringido cada vez más el ingreso.

El abogado dijo que la solución es que el policía que va a actuar en la emergencia o el operativo comunique al 911 los detalles para su identificación.

Así el operador sabrá el número de patrullero y quiénes son los policías que van a la urbanización; y, cuando la garita llame a confirmar, se reitera quiénes son y se permite el ingreso.

El inconveniente, según el abogado, es que, pese a ser ciudadelas privadas, las calles son públicas y ellos no deberían impedir de ninguna forma que la policía entre. Por eso, coincide en que se debe crear un protocolo general para todas las urbanizaciones en caso de emergencias. (I)