En un delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio habrían incurrido dos servidores policiales identificados como Édisson y Alejandro, en noviembre del 2023.

Según Fiscalía, hubo disparos contra una ciudadana de 39 años, en el sur de Quito.

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Las lesiones causadas, producto de la penetración de un proyectil de arma de fuego, determinaron una incapacidad física de nueve a treinta días.

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La víctima se transportaba, indicó Fiscalía, en un automóvil color blanco, luego de asistir a una iglesia a la que acudía con regularidad. En el auto iban cuatro personas más, entre ellas, su hija pequeña.

A la altura del barrio Lucha de los Pobres, en el sur de la urbe, la familia observó que una camioneta se acercaba por el costado derecho de forma inusual, por lo que procedieron a maniobrar de forma evasiva.

Entonces, el otro automotor inició una persecución, para luego cerrarles el camino. De la camioneta se bajaron personas vestidas de civiles con armas y encapuchados.

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Los agraviados intentaron huir y llamaron al ECU911 para solicitar ayuda.

El auto blanco se impactó contra otro a la altura de las avenidas Pedro Vicente Maldonado y Gonzalo Pérez Bustamante. Ahí observaron un patrullero, por lo que al creer que era el auxilio enviado por el ECU 911, una de las personas del automóvil detuvo la marcha del vehículo oficial. Sin embargo, los agentes habrían hecho uso de sus armas de dotación, disparando e hiriendo a la mujer.

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Fiscalía formuló cargos contra los servidores policiales en servicio activo. Entre los elementos de convicción se presentaron: el examen médico-legal practicado a la víctima, el informe de inspección ocular técnica y de reconocimiento de indicios encontrados, versiones de varias personas, informe de inspección técnico balístico, informe de valoración psicológica a la agraviada, entre otros.

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La jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Quitumbe ordenó prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad competente para los procesados.

Además, dictó medidas de protección a favor de la víctima. La instrucción fiscal durará noventa días. (I)