Mejor planificación y una respuesta contundente es la recomendación que hacen especialistas en seguridad, tras el asesinato a un grupo de once militares de Ecuador en el sector Alto Punino, ubicado en Orellana, en la Amazonía ecuatoriana.
El ataque se habría dado durante una operación reservada de control minero que el Ejército ecuatoriano ejecutaba en la zona. Participaron unos 80 militares que incursionaron en esa zona para realizar operativos en el sector.
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Según los datos del Gobierno, un grupo de los uniformados fue atacado por la agrupación Comandos de la Frontera, aunque ellos negaron su responsabilidad en la masacre, perpetrada el viernes 9 de mayo.
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Para Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad y general (sp) de Fuerzas Armadas (FF. AA.), las organizaciones terroristas tienen varias aristas de acción, pues están relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero, tráfico de armas, la minería ilegal, este último con grandes réditos.
Fuerzas Armadas, indicó, han hecho varios operativos con mucho éxito con lo que este ataque es una escalada en el combate a estos grupos porque la agresión es contra de las fuerzas del Estado.
En casi todas las operaciones, los mineros ilegales abandonaban el lugar dejando todo el equipamiento en el sitio, pero en este caso, los responsables del atentado los habrían esperado para emboscarlos, mencionó.
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Bravo considera que hay un cambio del minero ilegal a aquel que defiende su negocio, por lo que la embestida es criminal y se ha transformado en un ataque terrorista.
El exfuncionario mencionó que es la primera vez que ocurre un ataque de esta magnitud, inclusive cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) solían pasar la frontera, tenían campamentos que los abandonaban ante la presencia castrense ecuatoriana.
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Sugirió que haya una mejor planificación e inteligencia porque los grupos terroristas están completamente infiltrados y van a defender ese negocio.
Ante ello, recomendó la aplicación de toda la fuerza de la ley para neutralizarlos que incluso podría implicar el uso de armas letales.
Bravo, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor del Ejército, señaló que la operación pudo haber sido de rutina, pero ahora la situación ha cambiado, pues los enfrentamientos serán con grupos terroristas vinculados a minería ilegal.
Acerca de colaboraciones con otras naciones, mencionó que la Comunidad Andina (CAN) establecía un trabajo conjunto contra la minería ilegal. En reuniones binacionales, acotó, se hablaba de acciones para que ese delito no vaya creciendo.
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Planteó una coalición sudamericana para enfrentar al crimen organizado y que no sea la lucha de una nación. Adicionalmente expresó que debe haber una reunión de la Comisión Binacional de Fronteras (Combifron) para definir acciones en cada país.
Sobre el comunicado del grupo Comandos de la Frontera que negó su intervención, opinó que si son quienes controlan la frontera sur de Colombia deberían saber quiénes fueron y ponerlos a órdenes de las autoridades respectivas. Hasta que eso suceda son los principales sospechosos, opinó.
Renato Rivera, analista de crimen organizado y seguridad, mencionó que Ecuador enfrenta la tercera fase de una insurgencia criminal, pues los grupos delictivos ya actúan con estatus de beligerancia desafiando al Estado con ataques directos.
La fase inicial se produjo cuando las organizaciones criminales buscaban desestabilizar el Estado a fin de asegurar el control territorial y hacer que sus mercados ilícitos como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal sean más eficientes, expresó.
Hay cuatro niveles: dominios locales, disputas por dominio territorial entre bandas y pandillas, levantamiento contra la autoridad de forma violenta, dominio criminal total de las bandas sobre el Estado.
Para Katherine Herrera, consultora de seguridad pública, es una respuesta de la capacidad armamentista y de operaciones que tiene ese grupo armado criminal de quienes mencionó tienen preparación subversivo-militar y de entrenamiento.
Acotó que Comandos de la Frontera tiene presencia en la Amazonía y maneja el narcotráfico, pero no habían generado violencia porque no les conviene a fin de incrementar su poder de territorio.
Indicó que están relacionados con crimen organizado donde hay narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y delitos ambientales.
Mencionó que el Estado debe responder con contundencia, en la que haya priorización, voluntad política e investigación. (I)
