Las paredes de caña y el techo de zinc de las casas vibraron, como si se tratara de un temblor, pero ese movimiento de las estructuras ocurrió por varias explosiones que se registraron en el complejo carcelario de Guayaquil, el fin de semana pasado. Estos episodios de violencia ahora son parte del registro de alarmas de los últimos tres años en el sistema penitenciario.

Ese es el tema de conversación en la cooperativa San Francisco -en el noroeste de la ciudad-, vecina de los pabellones donde cumplen sus condenas o esperan sus sentencias más de 15.000 personas.

En uno de los caminos que serpentea el cerro de esa cooperativa, aquel que está más próximo a la cárcel, se ve a un niño cuya camiseta tiene estampado el nombre “Carlitos”. Él lleva un envase de gaseosa a la tienda. Lo acompaña un amigo. Los dos hablan de los disparos que escucharon.

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“Se escuchaba durísimo. Y el helicóptero pasaba cerquita de aquí”, comenta el menor.

Durante los incidentes, que ocurrieron en el día y en la noche del fin de semana, decenas de reos también intentaron fugar por la cárcel de mujeres, pero fueron detenidos, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

A dos asciende la cifra de muertos por riñas en la Penitenciaría del Litoral; la mañana de este lunes los incidentes se reactivaron por cuarta ocasión

Los pequeños llegan a la despensa y, en el otro extremo de la calle, una mujer tiende la ropa de sus tres hijos en unos cordeles del patio de su casa.

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Uno de los niños le preguntó el domingo por qué el helicóptero solo volaba encima de esos edificios azules, que se divisan con facilidad desde la cima.

“Ellos se asustaron, vinieron hacia mí y yo los agarré. Me preguntaban: ’Mamita, por qué está eso ahí (helicóptero)’. Yo les dije que eso es normal, que son los policías que están cuidando. Yo sí tengo miedo que caiga una bala perdida por el techo, mis hijos también juegan en el patio. También me da miedo que se escapen. Pedimos a las autoridades que pongan mano dura”, dice Miriam, nombre protegido.

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Niños camino a una despensa, en coop. San Francisco. Foto: Jonathan Palma

Ella lleva seis años habitando en esta zona empinada de la cooperativa, cuyo acceso se facilita a pie o en moto.

El miércoles 16 de junio, la Policía informó sobre el decomiso de un arsenal luego de ejecutar una redada en el complejo carcelario de Guayaquil. Ahí funcionan el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas, la Penitenciaría del Litoral (cárcel vieja), La Roca y el Centro de Rehabilitación Social Femenino.

“Durante las intervenciones en los centros penitenciarios de hombres y mujeres en #GYE , aprehendimos: 08 armas de fuego, 168 armas blancas, 154 terminales móviles, 575 municiones, 1.965 dosis de drogas, 08 artefactos explosivos” (sic), detalló la Policía, a través de su cuenta de Twitter.

Walter, un guardia de seguridad que habita a unas cuadras de la casa de Miriam, también relata que cierran puertas y ventanas apenas se enteran de esos problemas.

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“Nos enteramos porque escuchamos los disparos. Luego ya vemos en las redes sociales lo que pasa. Pedimos mayor control. Con la corrupción eso nunca va a terminar”, cuestiona el hombre de 45 años.

La vista de uno de esos caminos de tierra de la cooperativa San Francisco coincide con la ubicación casi exacta del complejo carcelario. Brithany, una adolescente del sector, cuenta que desde ahí se ve la actividad de las revueltas.

“Se ve cómo corren esas personas cuando hay disparos. Nosotros desde las ventanas vemos el humo que sale”, dice.

Desde ahí también se observan las construcciones que colindan con las mallas del complejo carcelario, que están del otro lado de la vía a Daule y que son parte de la cooperativa La Germania. Son las 17:30 del martes pasado y desde la calle que bordea la cárcel se escuchan las voces de internos, pero que se pierden por el estridente sonido de una canción de trap.

Vista de pabellones desde la malla perimetral que sirve como último recurso para contener a los internos. Foto: Jonathan Palma
Cerca del perímetro del complejo carcelario de Guayaquil hay familias que tratan de llevar una vida normal. Foto: Jonathan Palma

“Aquí vienen a encender esas tortas (fuegos artificiales) cuando un duro (jefe) de ahí cumple años”, relata una persona que reside a menos de dos metros del perímetro de mallas del recinto penitenciario.

Aunque reconoce que, de alguna manera, se ha acostumbrado a las noches sin dormir por los enfrentamientos, los disparos, el sobrevuelo del helicóptero policial, la presencia de militares, el constante paso de carros y camiones, teme que la violencia escale hacia la población civil.

“Esta vez fue muy fuerte (explosión). En nuestro techo cayeron piedritas. Los policías llegaron, dieron vuelta. Las autoridades están esperando que se fuguen y quién sabe hagan algo a las personas de aquí mientras huyen y ahí sí van a hacer algo”, comenta el ciudadano, quien compró el solar hace unos 20 años, pero que desde hace seis años vive ininterrumpidamente ahí. Por ahora, dice no tener planes de mudarse.

75 muertos tras enfrentamientos en cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga

El riesgo de vivir cerca de una cárcel con problemas es alto. El director del SNAI, Edmundo Moncayo, quien reconoce que aún no han controlado por completo la situación de violencia, asegura que hacen lo posible por erradicar los focos conflictivos.

“Estamos tratando de que la seguridad que tenemos con Policía Nacional nos ayude a fortalecer la seguridad que debe tener la sociedad. También se hacen operativos de control de armas en el perímetro. Eso nos ayuda a prevenir el envío de paquetes aéreos, que se las ingenian para ser botados en los patios de los centros de privación de la libertad. En ciertos lugares hemos logrado determinar que están tratando de utilizar drones”, revela Moncayo, general de la Policía (retirado).

Por otro lado, el titular del SNAI responsabiliza a las autoridades locales que permitieron, en su momento, la construcción de casas y otras instalaciones civiles muy cerca de los recintos carcelarios.

“Vamos a tener que comenzar a trabajar (con municipios)”, dice la autoridad, quien recuerda que hace décadas, cuando cumplía funciones de subteniente de la Policía, “la penitenciaría quedaba muy alejada de la ciudad”. Una dinámica poblacional similar por la búsqueda de un lugar donde vivir se ha evidenciado en las proximidades del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en Portoviejo; y, en el Centro de Privación de Libertad Turi, en Cuenca, refiere Moncayo.

Después de recorrer parte del perímetro del complejo carcelario de Guayaquil, cae la noche en La Germania, la música para, solo se escuchan los ladridos de los perros del sector ante la presencia de personas y el sonido del motor de varios carros. Un camión del Ejército realiza una ronda por la vía principal que termina en el río Daule. A su retorno, el vehículo pesado se estaciona en un comedor que está en el ingreso de ese camino, a pocos metros de la vía a Daule.

María José, una oficinista que espera a su esposo para que la lleve a su casa en La Germania, ya que no hay un servicio de transporte formal, pide una solución definitiva a la violencia de la cárcel. “Hay batidas, controles de armas, siempre que venimos nos bajan con todo, nos revisan la cédula. Y adentro, sin embargo, están súper que armados. Es una ironía”, dice la mujer.

“Cuando estamos aquí y como está ahí la cámara del ECU911 nos retiran, que salgamos. Enseguida llaman, llega un patrullero. En una ocasión, unos policías me dijeron que ahí está la cámara y tenemos orden de que un carro no puede estar más de media hora estacionado aquí. Nosotros los moradores estamos restringidos de muchas cosas”.

Un comedor funciona en el inicio del camino que conduce a La Germania, junto a la cárcel. Foto: Jonathan Palma

El esposo de María José llega antes de que termine la entrevista. Se despide y parten de inmediato. Mientras tanto, los militares compran unas empanadas para llevar. Su rutina continúa y también la rutina de los empleados de ese comedor, quienes tratan de ver el lado positivo de la violencia en la cárcel: el repunte de ventas de sus pasabocas a causa de la llegada de más policías y de miembros de las Fuerzas Armadas.

“Sí me da miedo que caiga una bala perdida, pero qué podemos hacer”, dice una mujer que sumerge una empanada en aceite. (I)