Cambios de comportamiento, brotes violentos contra sus compañeros, aislarse, dormirse en clases, perder peso, ya no salir al recreo, llorar y hasta orinarse son indicios de que algo pasa con un estudiante, dice Valeria R., profesora de cuarto año de educación básica de una escuela fiscal del norte de Guayaquil.

Ella ha detectado ya en varias ocasiones que sus alumnos son maltratados en sus hogares y ha derivado los casos al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del plantel, donde cuenta que se hace un seguimiento exhaustivo de cada niño.

La profesora comenta que el año pasado tuvo un estudiante que llegaba con claras huellas de golpes en el cuerpo, y que ella y la psicóloga incluso pudieron ver que tenía moretones en la espalda.

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Los padres fueron convocados y se los denunció, dice Valeria, pero ya el caso quedó en los tribunales y este año el niño no fue matriculado.

Durante las pocas semanas que tiene el nuevo año lectivo, la profesora ha detectado ya a una niña que dice es bastante violenta con sus compañeros.

“Les pega, les aruña y hasta les muerde. Se está trabajando con esa menor de solo 8 años para que la psicóloga detecte si en su casa hay algún tipo de violencia y si ese comportamiento es su forma de pedir ayuda”, expresa Valeria, quien está a cargo de 30 niños en su clase.

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Lorena A., quien es psicóloga y trabaja en el DECE de otro colegio de Guayaquil, incluso menciona que actualmente trabaja contra reloj porque en las últimas actividades han detectado que tres estudiantes habrían sido víctimas de abuso sexual y que el protocolo del Ministerio de Educación les da 24 horas para que el caso sea denunciado.

En los planteles detectaron 415 casos de violencia física, 476 de violencia psicológica y 578 de abuso sexual; el protocolo da 24 horas para denunciar.

“Hay que hacer un plan de acompañamiento, hacer un plan de restitución, hacer un informe técnico, dar orientación a la familia para denunciar y establecer estrategias para que el estudiante siga con sus clases. Se llama al representante legal, en caso de que no sea el agresor, y se lo exhorta a poner la denuncia; pero, en caso de que no quiera hacerlo, la unidad educativa tiene la obligación de hacerlo”, explica Lorena.

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Ella detalla que una de las víctimas se acercó a pedir ayuda porque estaba realizándose cortes en varias partes del cuerpo y quería dejar de hacerse daño. Durante el abordaje surgió que había sido abusada sexualmente.

Los otros dos casos fueron detectados durante actividades que se dan a lo largo del año lectivo, como los talleres de educación sexual. Ellos tienen 17 años y, aunque los abusos fueron años atrás, cuando aún eran niños, esto sigue causándoles estrés postraumático y otros trastornos, dice la profesional.

Christian Arias, psicólogo de la Asociación de Bienestar Infantil (ABI), refiere que en estos casos hay que tener claro que los delitos sexuales no prescriben y, aunque hayan pasado muchos años, aún esto genera ansiedad, recuerdos, flashbacks, pesadillas, alteraciones del sueño y tendencia a la depresión.

El Ministerio de Educación ha revelado que solo durante el 2024 se ha detectado a nivel nacional un total de 1.255 casos de estudiantes violentados: 415 de ellos habrían sido víctimas de violencia física, 476 de violencia psicológica y 578 de violencia sexual. (I)

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