Nuevamente, la dirigencia de la transportación ha solicitado el aumento de las tarifas del transporte público. Al escuchar este pedido, las y los ciudadanos recuerdan el pésimo servicio que brindan algunas empresas de transporte, lo que genera un justo reclamo por parte de los usuarios. A pesar de este malestar, resulta preocupante ver las conversaciones entre el Gobierno central y los representantes de los transportistas del país para tratar la elevación del costo del pasaje del transporte público no solo urbano, sino también interprovincial y de taxis.
Frente a este pedido surgen algunas inquietudes que es menester señalarlas. El Gobierno central intenta evadir su responsabilidad al respecto transfiriendo esta decisión a los municipios. La intención de incrementar el costo de los pasajes no está lejos del escenario político actual. Recordemos que el movimiento oficialista (Alianza PAIS) perdió en las últimas elecciones seccionales varias ciudades principales y donde precisamente hoy existe una mayor presión por elevar el precio de los pasajes (Quito, Ambato, Cuenca, Loja, Guayaquil). Es verdad que la tarifa y sobre todo la del transporte público ha estado congelada por varios años; sin embargo, en otras ocasiones el Gobierno inmediatamente encontró varias alternativas para frenar dicha petición.
Es de conocimiento público que hay competencias que han sido transferidas del Gobierno central a los municipios, pero también es necesario reconocer que si se respeta la Constitución y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Ejecutivo tiene su responsabilidad. El art. 29, numeral 5, de la Ley señala que: concierne al representante del Ejecutivo y al director de la Agencia Nacional realizar los estudios relacionados con la regulación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes clases de servicio, según las condiciones del mercado (...). El art. 3 manifiesta: El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas, mientras el art. 11 señala: El Estado fomentará la participación ciudadana en el establecimiento de políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial (…), lo que no se ha cumplido.
Recordemos que años atrás ya hubo un aumento de ganancias para el sector de la transportación especialmente urbana. El Consejo de Tránsito autorizó que los denominados buses tipo lleven pasajeros parados, medida que inmediatamente fue acogida por los buses especiales, lo cual, principalmente en horas pico, casi triplica el número promedio de pasajeros que se suben a las unidades. Esto generó mayores incomodidades para los usuarios, pero también permitió duplicar las ganancias para los dueños de las unidades que, en su momento, se llegó a manifestar acumulaban montos superiores a los $ 10 mil mensuales. Esta fue una de las formas en cómo el régimen negoció sin tomar en cuenta el trato al usuario.
Uno de los argumentos expuestos para exigir el aumento de la tarifa a este servicio básico es el incremento de los repuestos y neumáticos, etcétera. Esto es así, pero para enfrentar dicho costo el Estado les brinda varios subsidios que, según los mismos dirigentes de la transportación, han sido eliminados en estos dos últimos años de gobierno. ¿Quién tiene la culpa: el pueblo o el Gobierno, por no tener la capacidad económica y política para mantener dichos subsidios y así contar con tarifas socialmente justas? El efecto inflacionario que tiene la elevación de las tarifas del transporte, urbanas e interprovinciales, va más allá de una tarifa de transporte: sube el pasaje, sube todo; situación que toma forma si tomamos en cuenta los estudios y medidas que se vienen adoptando para incrementar el precio del gas.
¿Acaso no es hora de disminuir el presupuesto económico en propaganda gubernamental e invertir en subsidios necesarios?
La tarifa preferencial (pago del 50% del pasaje) para estudiantes es otro de los temas abordados, mas es justo reconocer que este beneficio fue alcanzado con la lucha y organización del movimiento estudiantil, hoy amparado por el artículo 46 numeral 2 de la Ley, obliga al Estado a mantenerlo y cumplir con su aplicación. Esto no puede y no debe estar en negociación, pues es un derecho.
Por más almuerzos que se desarrollen en Carondelet, debemos aceptar que es también responsabilidad del Ejecutivo asegurar el bienestar económico y el ejercicio del derecho a la movilización interna de la población, la cual debe tener prioridad en todo debate y decisión y no la relación política que la dirigencia de la transportación mantiene con el Gobierno. No olvidar que uno de los sectores que salió al paso a defender la enmienda para la reelección presidencial fue un sector de la dirigencia de los transportistas quienes, incluso, han sido candidatos por el movimiento oficialista, cuenta con representantes en la Asamblea Legislativa, siendo jueces y parte en los debates y aprobaciones de las diferentes normas de tránsito. El tiempo nos dirá si no se trata de un juego político dirigido desde las altas esferas del poder. Discutir el alza de pasajes sin dar soluciones al pésimo transporte, recordando que siempre hay el ofrecimiento de mejorar y nada, no puede compensar alguna elevación. No solo necesitamos un servicio, sobre todo debe proveerse un servicio de calidad y calidez que respete a los usuarios.
Es verdad que la tarifa y sobre todo la del transporte público ha estado congelada por varios años; sin embargo, en otras ocasiones el Gobierno inmediatamente encontró varias alternativas para frenar dicha petición.
