En la península de Santa Elena, noto que cada vez aparecen más letreros ofertando casas y departamentos en renta a los turistas, popularizando la práctica de alojarse en segundas residencias que no están registradas o reguladas para el efecto. Además los puestitos, carretillas, huequitos y comedores se reproducen en cada temporada alta. Estos son los negocios turísticos informales, que conocemos de sobra y que muchas veces aceptamos como parte pintoresca de nuestros destinos turísticos.

El problema de la informalidad se presenta en todos los eslabones de la cadena turística de producción. Muchos botes de paseo en la costa operan sin permiso, con pobres elementos de seguridad y sin guías certificados. La misma actividad de guianza ha venido marcada desde hace años por una lucha de los guías no registrados, quienes señalan una incongruencia en la Ley de Turismo y su reglamento como un impedimento que ha dificultado su regularización. De hecho, la informalidad no solo es aceptada por el consumidor, sino a veces también por el sector público, cuando construye hospederías comunitarias, facilidades turísticas y comedores en comunidades que no están certificadas como Centros Turísticos Comunitarios. Si a esto se le suman los parasoleros, vendedores ambulantes y vendedores de artesanía que pueblan las playas ecuatorianas, nos damos cuenta de que la informalidad es uno de los problemas más grandes y más urgentes del turismo en la costa ecuatoriana y probablemente del país.

La informalidad perjudica enormemente a los negocios formales a través de una competencia desigual en donde los unos pagan impuestos, tramitan sus patentes de operación, mantienen sus papeles en regla, asumen costos operativos durante todo el año y pagan por servicios básicos no subsidiados. Los trabajadores del sector informal también se perjudican cuando laboran con miedo a ser desalojados, en horarios extendidos, sin contrato, en lugares inseguros, sin protección legal y sin los beneficios de ley. Y por supuesto se perjudican los turistas que no siempre pueden distinguir entre una oferta formal y un producto pirata y a quienes no siempre se les proporciona las seguridades físicas, de salud y jurídicas necesarias para garantizarles una buena experiencia en el destino.

La solución más obvia es que el Gobierno nacional o local (de acuerdo con las respectivas competencias), suprima la economía informal a través de la represión de ambulantes o el control y clausura de establecimientos. Sin embargo, también hay que pensar que la informalidad es a veces la primera forma de acercamiento de los pobres a la economía turística, y un primer paso para mejorar sus condiciones de vida.

Más que políticas de control y represión, urgentemente se necesitan políticas de formalización para el sector turismo. Estas deben ser ágiles y diseñarse tomando en cuenta el desinterés de los unos por formalizarse y la imposibilidad de que el sector público controle la informalidad por completo.

En otras palabras, formalizarse debería resultar mucho más ventajoso y más sencillo que ser informal. Políticas intensivas de formalización de la producción y el empleo, eso sí sería una verdadera revolución en el turismo ecuatoriano.