Después de la denuncia ante la Fiscalía en el 2015, con posterioridad a investigaciones internas en la Policía Nacional, relativas a miles de pases de miembros de la institución, la magnitud del grado de corrupción permeado en el sector público y el nivel de los involucrados no termina de sorprender a la ciudadanía.

Todo el tema corrobora que en Ecuador precisamos situar como objetivo nacional la eliminación de la impunidad, que nos mantiene en un marasmo de desconcierto y pesimismo (¿conformidad?) ante la falta de ideas claras para cambiar una visión que tiene mucho de cultural, y que tal vez para sustituirla requerimos ayuda de experiencias acumuladas por otras naciones.

Cuando la corrupción envuelve a miembros de alta jerarquía de la Policía Nacional –que debe garantizar la seguridad de la vida y bienes de los ciudadanos–, al extremo de que se cuestiona incluso al excomandante general de la fuerza, es que hemos tocado fondo y no podemos ignorar más la grave situación.

En Inter Press Service –una agencia de noticias– confirmé que en el 2011 ya tuvimos una importante alerta sobre el problema, filtrada por WikiLeaks, en un cable de la exembajadora de Estados Unidos Heather Hodges. Ella afirmaba a sus superiores la existencia de una generalizada corrupción en la Policía Nacional y, en particular, de su comandante general de entonces, cuyas prácticas –según ella– “eran tan conocidas que funcionarios de la Embajada estaban seguros de que el presidente también las conocía cuando le puso en dicho cargo”. La embajadora opinaba que probablemente quería tener un jefe policial “fácilmente manipulable”.

La embajadora Hodges también relataba que el comandante policial “habría hecho práctica común la extorsión, acumulando así dinero y propiedades, al igual que facilitar el tráfico de personas y obstruido investigaciones contra compañeros corruptos”.

El caso es que el menjurje de la corrupción policial se comenta en la calle, entre la cotidiana queja por falta de dinero y la desesperación de la gente por obtener ingresos aunque sea vendiendo “arepas” (lo hacen colombianos y venezolanos) ante la escasez de fuentes de empleo y pérdida de negocios. Así resultan pertinentes las recordadas expresiones de la embajadora Hodges cuando dijo: “Las corruptas actividades descritas en este cable dañan la inversión norteamericana en Ecuador. Los inversores se muestran reacios a arriesgar su patrimonio porque saben que pueden ser extorsionados por agentes corruptos de los cuerpos de seguridad”.

Por lo anterior, y teniendo en mira una inmediata lucha a fondo contra la corrupción e impunidad en el sector público, es imperativo que las autoridades del Estado empiecen los acercamientos con el secretario general de la ONU, para suscribir el correspondiente Acuerdo de colaboración y asesoría que permitiría actuar a una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad. Esta realizaría el estudio y preparación de la normativa necesaria y del personal de la Fiscalía.

Gracias a la Comisión (Cicig) creada en Guatemala, la semana pasada se condenó al expresidente del Banco de Guatemala y excandidato vicepresidencial a 2 años y 6 meses de prisión, por tráfico de influencias, y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos y derechos políticos por cinco años.

Así coincido con Walter Spurrier en la propuesta de su reciente columna. (O)