Una declaración de la ministra de Justicia, respecto de la derogatoria de la Ley de Plusvalía y su reemplazo por otra, ha inquietado a la ciudadanía, que entendió, como es, que sus decisiones expresadas en la consulta popular del 4 de febrero son determinantes y deben convertirse sin cuestionamientos en parte del marco legal del país.
La pregunta seis era: “¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía, según el anexo 1?”. El 63,1% de los ecuatorianos respondió que sí. Luego lo que corresponde según lo establecido en el anexo 1, que fue también aceptado, es que “el presidente constitucional de la República deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente para derogar la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos (Ley de Plusvalía) en un plazo no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados en el Registro Oficial”.
Si lo que preocupa al Ejecutivo es la especulación con los precios de la tierra, algunas leyes ya existentes se ocupan de ello. Cualquier interpretación, propuesta o acción tendiente a mantener el contenido de la Ley que debe ser derogada sería irrespetar la voluntad del pueblo. (O)
