Si en algo se empeñó el correísmo con todo afán y eficiencia fue en construir una seudoinstitucionalidad a su medida, aunque sería más apropiado decir a su imagen y semejanza. Todas las instituciones tenían sus autoridades elegidas producto de concursos vergonzantes que no podían ser más amañados y tramposos. En algunos casos, como en la elección de la Corte Constitucional anterior a la actual, fue tan evidente y grotesco que en el proceso de cesación, incluso se demostró que varios de los seleccionados habían intervenido en la elaboración de las pruebas a que se sometieron.

Como no podía ser de otra manera, las autoridades encargadas del control o la administración de justicia eran totalmente allegados al proyecto político dirigido por el expresidente Rafael Correa y las sentencias producidas desde 2011 son buena muestra de ello. Periodistas como Fernando Villavicencio, procesados por artículos publicados, medios de comunicación condenados sin ser parte procesal, como en el caso EL UNIVERSO, o más grave aún, opositores condenados a penas de privación de libertad por actos como aplaudir en un evento antigobierno.

Las autoridades de control, con Carlos Pólit a la cabeza, fueron parte del esquema montado por el correísmo de corrupción e impunidad. Toda la contratación lesiva a los intereses del Estado se pudo hacer gracias a dos factores fundamentales, por una parte la emisión de decretos ejecutivos que al establecer excepcionalidades y emergencias inexistentes, exoneraban del cumplimiento de controles y requisitos, dando vía libre para el atraco de fondos sin cortapisas. El otro factor que explica tanto la corrupción como el esquema de impunidad reinante en la Década Ganada, como sin la menor vergüenza titularon a los períodos de gobierno de Correa, fue sin duda el saber que las autoridades de control, lejos de ser una molestia para los corruptos, colaboraban con ellos incluso en el reparto de coimas.

Este fue el escenario en el que se produjo la consulta popular de febrero del 2018 y posterior designación del CPCCS transitorio, con Julio César Trujillo a la cabeza. La cesación de las autoridades correístas fue relativamente sencillo y cuestionado solo por los afectos al anterior régimen, que vieron cómo desaparecía de un momento al otro la estructura que con tanto esmero construyeron y que les permitió pasar del bus de servicio público y el modesto apartamento de alquiler, al auto de lujo y la casa en barrio exclusivo. Los gritos y rechinar de dientes se escuchaban a lo lejos y prácticamente la totalidad del país apoyó esta primera fase de desmonte de esa seudoinstitucionalidad que tanto daño hizo al país.

El segundo momento ha sido bastante más complejo y es ahí en donde aparecieron algunas sombras en aquello que hasta entonces solo había sido luz. Está claro que todo proceso de selección de autoridades, por transparente e imparcial que sea, siempre generará reacciones negativas de algunos sectores, y eso lo viví en carne propia, como parte de la Comisión de Selección de jueces de la Corte Constitucional. Algunos de quienes obtuvieron mala nota en los exámenes, por ejemplo, en lugar de reconocer la falta de preparación, pretendieron endosar al proceso de designación sus propias deficiencias, inventando supuestas irregularidades que jamás pudieron comprobar. Al final del día, la Corte seleccionada es sin duda la mejor que hemos tenido en la historia del país y el punto positivo de referencia en la actuación del CPCCS transitorio. La designación de otras autoridades no corrió con la misma suerte y las críticas no se han hecho esperar.

En el caso del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, todavía resulta inexplicable cómo a la candidata mejor puntuada de todas las listas, Yolanda Yupangui, se la designó como vocal alterna y no principal. Peor aún, en la elección de jueces del Tribunal Contencioso Electoral, a una de las postulantes, Ángeles Bones Reasco, nacida en una comunidad afro en Esmeraldas se le negó su propia identidad y no se le reconoció su calidad de afrodescendiente, con el argumento de que ninguna comunidad había certificado su pertenencia. Ya el tema hizo metástasis en la elección de defensor público, cuando a uno de los postulantes, Gonzalo Realpe, miembro del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha y asiduo defensor de derechos humanos, no se le reconoció puntaje alguno por sus más de veinte y cinco años de ejercicio profesional, con el argumento de no haber presentado constancias procesales que demuestren su actividad jurídica, o el caso de la descalificación de Gina Gómez de la Torre, por encontrarse “en mora de obligaciones tributarias”, al registrarse en el sistema que tiene pendiente la entrega de la documentación anexa de gastos personales. Estas últimas acciones sin duda refuerzan el discurso descalificador del correísmo, que no pierde oportunidad en tratar de socavar la nueva institucionalidad generada y pretender volver a aquellos tiempos en que se regodeaba entre la corrupción y la impunidad. (O)

 

El otro factor que explica tanto la corrupción como el esquema de impunidad reinante en la Década Ganada fue, sin duda, el saber que las autoridades de control, lejos de ser una molestia para los corruptos, colaboraban con ellos incluso en el reparto de coimas.