…cuando debieron emplearse en obtener la ampliación de nuestra frontera marítima económica de 200 a 350 millas náuticas, en los términos contemplados en la ley de los mares (Convemar). El Ecuador se adhirió a esta Convención el 19 de septiembre de 2012, pero nada ha hecho, hasta la fecha, para ejercer su derecho de solicitar la ampliación de su plataforma continental a 350 millas, basando su pretensión en los estudios científicos requeridos. De acuerdo con la Convemar, en su artículo 76, el Estado ribereño tiene el plazo de diez años, contados desde la fecha de su adhesión, para efectuar esos estudios científicos. El Gobierno anterior, que se adhirió a la Convemar, nada hizo para conseguir esa extensión de la plataforma, y tampoco lo ha hecho el actual. Al Ecuador le restan solamente algo más de dos años para actuar; caso contrario habrá renunciado, tácitamente, a que se le reconozca su potencial derecho soberano sobre las riquezas vivas y no vivas comprendidas en esa extensión de la plataforma continental. El Gobierno, sus ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores son los responsables de gestionar la extensión de la plataforma, y tienen la obligación de informarle a la ciudadanía lo que han hecho y van a hacer. No se trata, por supuesto, de preparar una monografía estudiantil para pasar un examen, no; se trata de un trabajo científico que debe realizarse conjuntamente con la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convemar, establecida en el Anexo II de la Convención, y que contaría, en la práctica, con una o más subcomisiones especializadas; estas trabajarían con el Ecuador, su fuerza naval e Instituto Oceanográfico. Habrá que probar que hay una solución de continuidad geológica hacia Galápagos, desde nuestra actual zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, por la existencia de las cordilleras submarinas de Cocos, Carnegie y Colón. A la Asamblea Nacional le corresponde, obviamente, fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones directamente relacionadas con el ejercicio de nuestra soberanía. Como recordamos en el artículo de hace ocho días, el Ecuador supo defender con entereza su mar territorial de 200 millas náuticas, de acuerdo con la Declaración de Santiago, suscrita con Chile y Perú, el 18 de agosto de 1952, que fue la semilla de la actual Convención sobre el Derecho del Mar, acordada treinta años más tarde, en 1982, y que entró en vigencia en 1994. En defensa de su mar, el Ecuador sostuvo la llamada Guerra del Atún, en la que capturó decenas de pesqueros de las grandes potencias. Supo también sancionar a quienes suscribieron un modus vivendi, secreto, con Estados Unidos, autorizando a sus flotas pesqueras a libremente capturar peces en nuestro mar.

La adhesión a la Convemar tiene, entre otras ventajas, el que los derechos consagrados en ella están respaldados por los más de 160 países que la integran.

Esperamos que el Gobierno actúe con la urgencia necesaria para proteger nuestros potenciales derechos en la extensión a 350 millas náuticas de la plataforma continental. Esas riquezas potenciales pueden ayudarnos, en el futuro, a solucionar nuestros gravísimos problemas económicos. ¡A recuperar los ocho años perdidos! (O)