No se trata de prolongar la respuesta policial de octubre de 2019. Ni tampoco rememorar el paso por el Ministerio de Gobierno de una exfeminista y exdefensora de los derechos humanos. Se trata de reflexionar sobre la demagogia e irresponsabilidad exhibida en la actual campaña electoral, donde las ofertas planteadas hasta ahora configuran un baratillo desbocado aprovechando que el CNE está profundamente concentrado en mirar hacia otro lado para que ojalá todo se caiga y las encuestas cambien.

Primero, el fondo de la demagogia está en tratar de conectar la propuesta con la necesidad coyuntural de seguridad que se vive en el país, destrozada por un Gobierno incapaz de manejar una crisis económica que no la entiende, ni la proyecta, ni la remedia. Un Gobierno cuya cabeza celebra con trinos el que le presten dinero, pero fomenta desempleo; que suma deuda pública, pero teme cobrar impuestos a grandes contribuyentes privados. Esa irresponsabilidad que no tiene que ver solamente con la oferta –inalcanzable, ellos lo saben– de permitir portar armas sino con la demagogia de arreglar en 100 minutos el desastre que hoy atravesamos, el libre ingreso a universidades públicas o eliminar la Comisión de Tránsito del Ecuador –creo, la única que supera en corrupción a la Asamblea– no repara en la credibilidad que le deben a los electores hoy por hoy más informados y con más canales de acceso a la memoria histórica. Las consecuencias ya están escritas.

Segundo, pensar que un ciudadano armado puede enfrentarse –desplazando a la Policía– contra estructuras organizadas que en muchos casos han demostrado superar a la institución constitucionalmente destinada para ello, es enviarlo a una muerte segura. Pero además es una licencia para que los grupos medianamente estructurados para delinquir tengan más fácil acceso a armas complejas y letales. El remedio, peor que la enfermedad.

Imágenes como las que están marcadas en la historia política del Ecuador, de legisladores exhibiendo sus armas –socialmente cristianizadas– en recintos como el Congreso, no pueden repetirse a base de baratillos electorales que suenan solo a desesperación de campaña, pero que remueven capítulos dolorosos de este país andino. ¿Por qué los candidatos no hablan de normativas y acciones que garanticen los verdaderos derechos individuales de las personas, que garanticen la dignidad humana por sobre todas las cosas? ¿Por qué no dignifican sus discursos de campaña con abordajes serios y sensatos, como entender el complejo entramado social y sus manifestaciones como consecuencia de la crisis económica?

Generalmente pienso en lo desgastante de referirse a las ofertas demagógicas de cada campaña, pero es que a estas alturas del proceso la cosa ya está descontrolándose: no logramos superar el nivel del “qué chu...”, del “salud con todos”, del “arriba las manos, soy el ciudadano”.

A esto hay que sumar una ausencia de acción pública que, según los entendidos, debe ser responsabilidad de los medios de comunicación, para abordar las campañas electorales desde la pedagogía, desde el debate de altura, desde la explicación del mundo y sus fenómenos. (O)