Hay delitos que se han convertido en eventos diarios, a los cuales las autoridades no les prestan atención porque dicen que “son menores”, y así califican de robo o intento de robo a una agresión que es un intento de asesinato, pues el delincuente porta armas diseñadas para matar.

Dichos ‘delitos menores’ despojan a los ciudadanos de sus teléfonos celulares, de sus únicos siete dólares para subsistir hasta la próxima quincena, de los espejos retrovisores y memorias de sus vehículos, del cable aéreo que le proporciona electricidad, telefonía, internet...; pero se podrían controlar invalidando la acción de los asaltantes, ladrones. ¿Invalidar? ¿Disuadir?, ¡cómo! Los ladrones actúan porque alguien compra el producto de sus robos. Y todos sabemos. La autoridad sabe quiénes son esos compradores. Son los cachineros y los que se dedican a la compraventa de artículos usados. Por eso la ciudadanía pregunta, ¿es tan difícil intervenir esos locales plenamente identificados, como los de venta de teléfonos celulares usados? ¿Es tan difícil intervenir a las llamadas ‘recicladoras’ que en su mayoría son beneficiarias de los cables, medidores de consumo de agua, medidores de energía eléctrica, vidrios de los paraderos de líneas de transporte, varillas y soportes de puentes y pasos elevados, etc.? ¿Es tan difícil intervenir ciertos ‘talleres’ y puntos donde venden faros, retrovisores, memorias, guardafangos, y más piezas móviles

usadas de vehículos? No es tan difícil, solo basta la voluntad de la Gobernación, Intendencia de Policía, Fiscalía, para organizar batidas, pidiendo a vendedores la exhibición de los documentos de compraventa de celulares, cables, medidores, piezas de vehículos que venden. Si no poseen documentos que certifiquen las procedencias, es de ley la incautación y la prisión. (O)

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Teófilo Villón Barros, licenciado en Comunicación, Guayaquil