Al analizar el cumplimiento del artículo 7 de la Lotaip (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública) por parte de las instituciones del Estado, encuentro casos como el del GAD en la provincia de Pastaza, que no solo cumple este mandato sino que cuenta con una página web cuya estructura es sencilla de navegación; no obstante, los mandatos de la dicha ley, creados en el 2004, ahora resultan anacrónicos. Los formatos obligatorios para la publicación de la información no son del todo amigables para la ciudadanía, además escasas personas conocen la existencia de las secciones de “transparencia” en los sitios web de las organismos públicos.
A pesar que la Lotaip establece los formatos obligatorios para dar a conocer la información pública, estos se han convertido en anclas que no contribuyen a la mejora de la calidad y cantidad de dichos datos e información. (O)
María Claudia Vega Rojas, politóloga, Quito
