En Ecuador, según su Constitución, la seguridad social es pública y universal y se hace efectiva mediante el régimen del seguro universal obligatorio y de los regímenes especiales. Se establece que el seguro universal obligatorio debe cubrir las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos del trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y todas las que defina la ley, y debe extenderse a toda la población urbana y rural, independientemente de su situación laboral.

La Constitución también establece que las prestaciones de la seguridad social del régimen obligatorio se financiarán con el aporte de las personas en relación de dependencia, de sus empleadores, de las personas independientes aseguradas, con los aportes voluntarios de los ecuatorianos en el exterior y con los aportes y contribuciones del Estado, los que deben constar en el presupuesto general del Estado. Es el IESS la institución más importante del sistema no solo por el grupo poblacional al que protege o por el tamaño de su organización y competencias, sino por el monto de los recursos financieros que administra, y la convierten en la institución que concentra el mayor monto del ahorro nacional. Esta característica ha puesto al IESS en la mira de los Gobiernos de tumo e intereses rentistas del capital financiero privado y transnacional especialmente, sea para solventar sus necesidades de liquidez o para debilitarla y desprestigiarla a fin de quedarse con una o dos de sus competencias que, desde la óptica de lo privado, resultan negocio de alta rentabilidad.

Es necesario exigir que el Estado asuma su obligación y responsabilidad con la seguridad social y, con el sistema del seguro social obligatorio y su población afiliada, cumpliendo con el pago de su aporte del 40 % para el pago de las pensiones jubilares. (O)

Luis Altuna Pico, magíster en Educación, Guayaquil