Revisen radares, y cobros por telefonía, y que entidades den cuenta de multas a usuarios

Habitantes de Guayaquil, de la provincia del Guayas y del país nos sentimos agredidos con ciertas abusivas multas impuestas por instituciones de “servicio” público. Por ejemplo, las multas de la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT); y las de la ATM (Autoridad de Tránsito y Movilidad) por los fotorradares que controlan la velocidad a los conductores de los vehículos.

Sobre los fotorradares, dichas máquinas deben ser analizadas en cómo están calibradas, porque muchos ciudadanos son multados o perjudicados (con varias multas en la misma semana, mes, año, en lugares por donde no circularon).

¿Qué pasa con las multas que por estos conceptos reciben instituciones? Como esos dineros ingresan a los fondos del Estado, deben ser auditados por la Contraloría General de la Nación, organismo competente y único para realizarlos. No es posible que no den cuenta al pueblo de los ingresos, qué se hace con estos. Igualmente constituye un atropello que den al multado un corto plazo para impugnar estas multas, y por lo general no le conceden la razón. Los valores que se tienen que pagar por estas multas están recargados con intereses leoninos, lo cual no es permitido por la ley ya que no son préstamos comerciales para pagos de servicios o consumos; ahí sí los bancos, las cooperativas y otras instituciones del ramo están autorizadas para estos cobros regulados por la autoridad competente. Estos cobros de intereses por mora son irracionales. Vamos, asambleístas, ustedes fueron elegidos por el pueblo para defender los intereses de los ecuatorianos, no brillen por la ausencia (solo están preocupados por su reelección en algunos casos y en otros por las cuotas de poder que sus votos representan y su interés es únicamente económico). (O)

Marco Antonio Celi Palacio, abogado, Guayaquil